Por Rodolfo Dumas Castillo
Nuestros políticos ni siquiera en diciembre dieron tregua a sus interminables pleitos, generando un fuerte impacto en la actividad económica de fin de año. Después de varias semanas de alta tensión, la declaratoria de elecciones finalmente dejó más preguntas que certezas y un sentimiento extendido de inconformidad sobre cómo se condujo el proceso.
No fue un desenlace que generara confianza ni tranquilidad inmediata, pero sí marcó el fin de una etapa particularmente crispada y el inicio de otra que, aun cargada de dudas, exige reflexión y responsabilidad.
El problema de los últimos meses no ha sido únicamente político, sino narrativo. El debate público se ha construido como un relato de héroes y villanos, donde cada decisión se interpreta como una batalla final y cada desacuerdo como una traición.
Ese lenguaje no solo empobrece la conversación democrática, sino que eleva innecesariamente el costo de cualquier solución razonable. Comenzar el año sin héroes ni villanos implica algo más difícil que tomar partido.
Se trata de aceptar que la democracia es un sistema imperfecto diseñado para administrar desacuerdos, no para eliminarlos; las reglas no existen para garantizar victorias morales, sino para evitar derrotas colectivas.
La declaratoria electoral, con todas las críticas legítimas que puedan formularse, permite al menos un punto de coincidencia y es que el país no cayó en el vacío institucional. Ese dato, modesto pero fundamental, debería servir para reordenar prioridades.
La política no es un fin en sí misma, sino un medio para que la sociedad funcione, para que la economía opere y para que las personas puedan planificar su vida con un mínimo de certeza. Después de un periodo marcado por la confrontación permanente, el próximo gobierno enfrentará un país cansado, desconfiado y con muy poco margen para nuevos experimentos políticos.
Gobernar en ese contexto exigirá algo más complejo que liderazgo carismático; requerirá decisiones previsibles, respeto a los contrapesos y una clara voluntad de reducir la conflictividad heredada. La división que hoy atraviesa a la sociedad no se corrige con discursos de unidad ni con promesas grandilocuentes.
Se corrige, en la práctica, cuando el poder se ejerce con límites, cuando las reglas dejan de interpretarse como obstáculos y cuando el Estado vuelve a ser un árbitro antes que un actor en permanente disputa.
Esa será, probablemente, la primera prueba real de madurez del próximo gobierno. En ese escenario, el sector privado tiene un rol que no puede eludir. La inversión y la generación de empleo no dependen solo de incentivos económicos, sino de señales claras de estabilidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo.
Su rol es insistir, de manera técnica y constante, en reglas claras que permitan invertir, crear empleo y planificar a largo plazo. No se trata de pedir privilegios, sino de recordar que, sin condiciones mínimas de certeza económica, cualquier proyecto político termina chocando con la realidad. La ciudadanía, por su parte, tendrá que resistir la tentación de trasladar la polarización electoral a la vida cotidiana.
Exigir resultados, fiscalizar al poder y participar activamente en el debate público son responsabilidades democráticas; convertir cada diferencia en un enfrentamiento permanente no lo es. El país necesita ciudadanos críticos, no enemigos internos. A esa necesidad de bajar el tono político se suma la realidad ineludible de que el país arrastra una larguísima agenda de asuntos pendientes que ya no podemos seguir postergando.
Reactivar la economía exige atender, con urgencia y sin estridencias, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la certeza tributaria, la simplificación administrativa, el acceso a energía confiable y competitiva, la infraestructura y logística, la inserción ordenada en los mercados internacionales, y, de manera central, la generación de empleo formal como resultado de inversión, productividad y reglas claras, no como consigna coyuntural.
A todo esto, se suma la seguridad ciudadana como condición para trabajar e invertir, y una relación Estado–sector privado basada en reglas y no en confrontación. Mientras el debate público siga concentrado en la confrontación y no en estas prioridades concretas, la economía seguirá pagando el costo de una política que discute mucho y resuelve poco.
Comenzar el año sin héroes ni villanos no significa renunciar a la memoria ni a la exigencia. Significa entender que la etapa que viene se resolverá con institucionalidad, con gestión responsable y con la capacidad colectiva de bajar la intensidad para reconstruir mínimos de confianza que permitan invertir, producir y generar empleo. Después de un gobierno que profundizó las divisiones, ese quizá sea el acto más urgente y sensato de esperanza.
