Por Rodolfo Dumas Castillo
La economía digital ya llegó a Honduras; lo que no ha llegado aún es un marco jurídico real ni su traducción seria a política económica. Sirve de poco que hablemos de innovación, emprendimiento y competitividad si el emprendedor digital hondureño sigue viviendo en una especie de limbo normativo. Tributa como puede, contrata como entiende, se organiza como le dejan y, cuando crece, descubre que el sistema nunca estuvo pensado para él, sino para la empresa industrial del siglo pasado. En un entorno donde las empresas tecnológicas pueden elegir casi cualquier jurisdicción, permanecer en ese limbo es una desventaja competitiva frente a países que sí han decidido dar reglas claras.
Hoy coexisten plataformas de servicios, comercios electrónicos informales, desarrolladores de software, creadores de contenido, fintech incipientes y profesionales que venden servicios al extranjero, todos operando sobre un Código de Comercio y unas estructuras societarias que jamás imaginaron este tipo de actividades. El resultado no es solo confusión jurídica; es un desperdicio económico constante. Cada vez que la ley no entiende el negocio, este permanece pequeño (en la informalidad) o traslada su estructura a una jurisdicción más amigable. En términos de política económica, eso significa perder inversión, talento y recaudación en silencio.
En este escenario, insistir en un gran código digital, sobredimensionado desde el inicio, sería un error técnico y político. Antes que burocracia monumental, Honduras necesita tres reformas mínimas, técnicamente claras y viables, que permitan pasar de la improvisación regulatoria a una estrategia sencilla de atracción y retención de inversión. La cuestión no es si regular o no, sino si queremos que las empresas que ya operan globalmente nos consideren un buen lugar para instalar su base jurídica y financiera.
El primer paso es puramente conceptual y consiste en reconocer al emprendimiento digital como una categoría económica específica dentro de la política pública. Eso implica dejar de tratar al desarrollador de software o al creador de contenido como una variación exótica del comerciante tradicional. Cuando la legislación, la administración tributaria y los bancos carecen de categorías adecuadas, la consecuencia es una suma de arbitrariedades, pues se aplican reglas pensadas para otra cosa y se exige documentación ajena a los riesgos reales del negocio. Un reconocimiento formal enviaría una señal clave de que el Estado entiende las dinámicas propias del entorno digital.
A ese reconocimiento deber seguirle un cambio de diseño institucional: crear un sandbox regulatorio para fintech y modelos basados en datos. No es un libertinaje normativo, sino un marco delimitado para experimentar con reglas flexibles, plazos claros y supervisión estatal. El emprendedor opera con certidumbre y el Estado evita el caos. En una región que ya compite por el talento digital, un sandbox bien diseñado no es un lujo, es supervivencia económica.
La tercera pieza requiere pasar del formalismo defensivo al compliance estratégico. El emprendedor suele ver el cumplimiento legal como un costo inútil porque el propio sistema premia la informalidad con pasividad y castiga la formalidad con burocracia. Si queremos que los negocios digitales crezcan y atraigan capital, debemos ofrecer un entorno donde el cumplimiento sea comprensible y proporcional. Eso significa simplificar procedimientos y vincular los programas de cumplimiento con beneficios concretos, como mejor acceso al crédito o mayor credibilidad frente a inversionistas externos.
No es casualidad que países como Estonia se hayan convertido en imanes para empresas tecnológicas globales. Desde 2021 operan bajo la “Digital Agenda 2030”, enmarcada en la estrategia país “Estonia 2035”, con objetivos claros en gobierno digital, conectividad y digitalización empresarial. Más que controlar internet, esas agendas envían un mensaje nítido al mundo: aquí hay reglas simples y previsibles, pensadas para que los negocios digitales elijan esta jurisdicción como base, no solo como mercado. Mientras otras latitudes discuten cómo reorganizar el Estado alrededor de servicios digitales, Honduras sigue sin una visión mínima para su comercio electrónico. La diferencia no es solo tecnológica, es de competitividad pura.
Existen riesgos legítimos (evasión, fraude), pero la respuesta no puede ser la inmovilidad; nada genera más riesgo que una actividad económica operando en la penumbra. Las plataformas venden a usuarios de todo el mundo, pero necesitan una frontera jurídica concreta donde registrar su sociedad, abrir cuentas bancarias y tributar. Si Honduras renuncia a definir esas reglas, le cede su lugar en la fila a otros países. La regulación inteligente no es un capricho burocrático; es la forma más directa de decirle al mercado que Honduras compite en serio por ser su sede, y no solo su consumidor.
