Como lo dije el año pasado, el estado de sitio es una payasada. En un remedo ridículo, una desagradable y mala copia de lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador.
Decidieron, a rajatabla, solo para taparle el ojo al macho, algo que no ha dado, ni por cerca, los resultados tan ansiados por la población hondureña, sobre todo por aquellos que sufren le hostigamiento continuo del monstruo de mil cabezas de las extorsiones.
No voy a negar que algo se ha hecho, se nota que hay más actividad policial, saturaciones, capturas, pero es muy poquito y la presidente no se entera que, en esencia, las cosas no han mejorado, al contrario, están empeorando.
Las autoridades policiales se llenan la boca diciendo que los homicidios han bajado y que si la gente tiene una percepción diferente es por culpa de los medios de comunicación. Anteayer mataron a cuatro personas en Olancho y, entonces, siguiendo su lógica, fue por culpa de los periodistas.
Es evidente que hemos vuelto a las situaciones del 2010, aunque todavía no alcanzamos los mismos números, pero, a este ritmo, no nos falta mucho.
En el caso particular del enorme departamento de Olancho, allí la cosa está que arde. Pareciera que diferentes bandas se lo quieren repartir por pedacitos, desde los más grandes capos hasta las bandas de caseríos y villas.
Volviendo al tema de las extorsiones, también dije que, en el ejercicio de mi profesión como abogado penalista, había constatado una de las causas por las cuales ha aumentado este delito que tiene a los transportistas al borde de un ataque de locura ya que están desesperados por el sangrado de sus ingresos, pero sobre todo por los miles de asesinados cobardemente por los delincuentes entre motoristas, cobradores, ayudantes, propietarios, sin olvidar a los inocentes pasajeros que pierden la vida por culpa de los malvivientes.
La causa que traje a su conocimiento hace meses y que ahora les vuelvo a mencionar se las cuento en la siguiente anécdota: un grupo de abogados que defendíamos cada uno a un imputado diferente en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia de Extorsión, acá en Tegucigalpa enfrentamos varios obstáculos a fin se celebrara la audiencia de debate en juicio oral y público, la que estaba calendarizada para cuatro días seguidos. Esas dificultades no fueron culpa de los jueces ni de su personal auxiliar, sino por la inmensa carga de trabajo que tienen.
La mora judicial ya es algo normal en el país y los esforzados jueces y sus equipos de trabajo hacen hasta lo imposible por salir avante, pero les es muy difícil y solo le dan prioridad a aquellos casos en los cuales los abogados están “encima”, y esto, sin duda alguna, sí es culpa de esta y de todas las Cortes Supremas de Justicia anteriores, y es también culpa de la actual porque, aunque sea un problema heredado, bien sabían los magistrados elegidos que la mora judicial es, de lejos, el principal problema de la administración de justicia a la par de la corrupción, y tendrían que haber empezado por solucionarlo.
Pero bien. Resulta que durante esos cuatro días mis colegas y yo nos quedamos en la sala de audiencias esperando nuestro turno, mientras tanto se evacuaban por parte de los juzgadores varias audiencias pequeñas las cuales, en su mayoría, eran sobre el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.
El Código Procesal Penal, como una suerte de beneficio a las personas encarceladas, pero que aún no tienen sentencia, les otorga automáticamente la libertad con ciertas medidas cautelares, si transcurren dos años o dos años y medio en los casos más complicados. Solo se descuentan de ese tiempo las peticiones dilatorias de la defensa o el tiempo que se perdió por culpa de los abogados.
Esto también es una especie de castigo al sistema por retardación de justicia el problema es que ni los jueces se sienten castigados, ni el sistema ni nadie, y es la población inocente, sin dejar de mencionar a víctimas y testigos, los que sufren las consecuencias de semejante beneficio.
En esas audiencias pequeñas que presenciamos cada día se les concedió la libertad a varios imputados que no habían recibido condena, que no habían sido rehabilitados en ningún sentido, que estuvieron guardando prisión rodeados de sus compinches, de sus “hommies”, de maestros del delito. Solo en esos pocos días al menos 24 a 30 procesados por extorsión salieron de nuevo a la calle, sin duda alguna, la mayoría, a delinquir.
Una cosa buena ha hecho esta nueva Corte Suprema de Justicia en ese sentido: unió todos los juzgados especiales con competencia territorial para distribuir la carga, pero creo que (y no es por una actitud malsana de “verle a cada solución un problema”) sigue siendo aún una medida muy floja y débil para un país que está “arrodillado (palabras de un transportista entrevistado en un foro televisivo matutito) ante el delito de extorsión”.
Y eso que no hablamos de robos, hurtos, estafas, delitos sexuales, que son los otros crímenes que también flagelan a los hondureños.
Lo triste es que no se ve por ninguna parte que a este Gobierno le interese este tema. Está tan enfrascado en la constituyente que no escucha el grito de dolor del pueblo.
