Ante la necesidad de un órgano que velara por la previsión de los docentes y prestando beneficios por vejez, invalidez y muerte, se creó el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados del Magisterio (Injupem) mediante decreto de ley N°84/1970, el 10 de diciembre de 1970, posteriormente el Congreso Nacional de la República emitió nuevo decreto N°1026, mediante el cual Injupem se convirtió en Inprema recomendado por estudios actuariales de ese momento que indicaban introducir los modernos y dinámicos principios del derecho social y conceptos más amplios de seguridad social como derecho inherente al ser humano. En el mes de diciembre del año 2011, después de cuatro décadas de creación y luego de atravesar una crisis financiera y actuarial que ponía en riesgo la capacidad institucional de pagar los derechos de los jubilados y pensionados existentes, y las obligaciones para conceder beneficios y servicios a futuras generaciones, ante ello y para lograr un equilibrio actuarial el Poder Legislativo, expone la necesidad de una adecuación técnica a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, con actualización de parámetros demográficos y económicos para garantizar la protección de las reservas patrimoniales y el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Instituto. Seguidamente, el Congreso Nacional no reforma, sino que creó y promulgó mediante decreto N°247/2011 una nueva ley del Inprema derogando el decreto anterior N° 1626/1980.
Después de varios años de aplicarse la nueva, imperativa e impuesta ley de Inprema; los docentes activos empezaron a envejecer en las aulas de clases, su salud se deterioró sustancialmente, vino la pandemia, muchos fallecieron a pocos días, meses o años de haberse pensionado por vejez, sin poder recuperar el dinero que habían cotizado por treinta y cinco, o hasta cuarenta años, sin poder dejar algún beneficio a sus descendientes, otros murieron sin lograr jubilarse o pensionarse y estando a punto de lograrlo.
Las propuestas de esperanza por el momento político que se vivía en el año 2021 se escucharon por el magisterio y al inicio de este nuevo periodo de gobierno la Cámara Legislativa turnó a una comisión de dictamen la reforma para jubilar a los maestros con la Ley de 1983 y otorgarles además sesenta salarios retroactivos a los que se pensionaron por vejez con la normativa vigente desde el 2011. La iniciativa fue presentada por el vicepresidente del Congreso y dirigente magisterial, Edgardo Casaña, como parte de los acuerdos con el gremio magisterial, manifestó ese momento el dirigente: “Es importante decirles a todos los compañeros docentes que se jubilaron con la ley nueva que, prácticamente, ese decreto les va a permitir que todos esos derechos que fueron violentados en su momento les van a ser recuperados, además de las sesenta mensualidades serán resarcidas”. Aclaró que están considerando el impacto financiero que tendrá la iniciativa para no descapitalizar el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). “No podemos ser irresponsables y creo que en ese punto estaremos haciendo el análisis respectivo, lo que sí era necesario es hacer esta reforma porque muchos docentes que entraron al sistema educativo con la ley de 1983 se jubilan con la nueva ley que fue aprobada en el 2011, quedaban excluidos de estos beneficios”.
De acuerdo con lo que se lee en la ley de 1983, los maestros se jubilaban a los cincuenta años voluntariamente y recibían una pensión de su salario del noventa (90%) por ciento si había laborado treinta años. Con la nueva normativa del 2011, la edad para jubilación se elevó a cincuenta y nueve años. También bajaron el derecho de dieciocho a catorce años para que los hijos siguieran recibiendo la pensión de sesenta salarios en caso de fallecimiento de su padre o madre docente. En caso de que sea aprobada, la reforma restituiría estos derechos para unos sesenta y cinco mil docentes afiliados al Inprema.
A mediados del año dos mil veintitrés, la noticia de nuevos beneficios y restitución de algunos ya perdidos, regresa con la declaración del Secretario de Educación Daniel Sponda, el cual manifestó: “El objetivo fundamental de esta reforma contempla garantizar la vida, las finanzas sanas del Inprema y eso para poder garantizar los servicios y beneficios de nuestros compañeros maestros y compañeras maestras». En apoyo a este proceso, el Gobierno de la presidente Xiomara Castro brindará un aporte extra de 1,200 millones de lempiras al Inprema para que se haga viable esta reforma”.
También se ha insertado en el proyecto de reforma beneficios nuevos, entre ellos el bono de postergación docente de cuatrocientos mil lempiras para todos los docentes jubilados y pensionados actuales, ya sean los que estén jubilados por vejez, o pensionados por invalidez. Además, todos los docentes al cumplir 59 años se retirarán del Instituto y se mejorará la pensión por invalidez con un aumento al porcentaje de reemplazo. Asimismo, el retiro voluntario docente ahora va a poder ser a los 55 años. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, expresó que “se está construyendo una nueva Ley del Inprema a la cual hoy se le está modificando arriba del 80 % en una reforma integral a la ley vigente impuesta en aquel ‘fatídico’ diciembre del 2011”.
Pero dichos beneficios antes descritos y dichas reformas no se hacen llegar y es que la agenda legislativa está estancada y con ello miles de docentes activos se encuentran a la espera y algunos desesperados porque el tiempo pasa y al no retomarse las sesiones dentro del hemiciclo no hay ninguna posibilidad que se apruebe el Presupuesto General de la República, ni dichas reformas, y sigan los docentes esperando y envejeciendo, padeciendo de muchas enfermedades y mostrando cansancio dentro de su centro de trabajo.
A las puertas del año dos mil veinticuatro o al inicio de ese nuevo año; el magisterio nacional desea que la clase política del país entregue un merecido premio por su ardua labor educando durante décadas a millones de hondureños; en cuenta a los mismos legisladores que en su mayoría se han olvidado de quienes les dieron formación educativa durante su niñez y adolescencia.
