Por Rodolfo Dumas Castillo
Cuando un banco del que nunca hemos sido clientes nos llama para ofrecernos una tarjeta, vale la pena hacerle una pregunta al vendedor. ¿Quién le dio mi número? La llamada dura unos minutos. Averiguar de dónde salió el dato, quién más lo tiene y cómo conseguir que dejen de usarlo puede tomar bastante más.
La diputada Sara Zavala llevó ese problema al Congreso Nacional el 28 de octubre, al presentar un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que abarcaría tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas. La iniciativa merece atención también por una razón económica que pesa especialmente en el Valle de Sula, donde una empresa puede prestar servicios a miles de kilómetros de distancia y recibir, como parte del trabajo, información personal de gente que jamás ha puesto un pie en el país.
Pensemos en un call center de San Pedro Sula que aspira a manejar la atención al cliente de una compañía española. Para resolver un reclamo, un operador hondureño necesitará consultar desde su pantalla el nombre del cliente, sus compras y quizá los últimos cargos a su cuenta. Antes de darle ese acceso, la compañía en Madrid tendrá que justificar bajo qué condiciones puede poner esos datos a disposición de su proveedor en Honduras. Una de las vías que contempla la normativa europea es incorporar al contrato las cláusulas tipo aprobadas por la Comisión Europea. Al utilizarlas, ambas partes deben examinar también las leyes y prácticas del país que recibirá los datos.
Ahí pesa nuestra legislación. El artículo 76 de la Constitución protege el honor, la intimidad y la propia imagen. El 182 reconoce el hábeas data, que permite a una persona acceder a información sobre sí misma y pedir que se actualice, rectifique o suprima cuando sea necesario. También hay disposiciones en la Ley de Transparencia. Lo que falta es una ley general que precise qué obligaciones asume una empresa al recoger esos datos, durante cuánto tiempo puede conservarlos, en qué condiciones puede entregarlos a terceros y ante quién responde por su mal uso.
Supongamos que un empleado copia la cartera de clientes y la vende. En Honduras, esa conducta puede tener consecuencias penales, porque el artículo 272 del Código Penal sanciona, bajo determinadas condiciones, el uso no autorizado de datos personales ajenos. La empresa también podría responder ante su cliente por incumplir el contrato. Queda pendiente la persona cuyo historial de compras acaba de quedar en manos ajenas. Si es cliente de la compañía española, el reglamento europeo obliga a esta a avisarle. Si la cartera fuera de una empresa hondureña con clientes hondureños, ninguna ley general obligaría a alguien a hacerlo, y mucho menos en un plazo determinado.
Para el empresario también cuenta el costo. Una firma grande puede pagar abogados y especialistas para documentar sus controles cada vez que compite por una cuenta. Para una empresa pequeña que busca su primer cliente en el exterior, ese gasto llega antes que el primer ingreso. Una ley nacional le daría reglas a las cuales remitirse al presentar su oferta. Esas reglas ya las tienen sus competidores en Costa Rica, cuya ley data de 2011, y en Panamá, donde la suya rige desde 2021. Seguiría obligada a demostrar que las cumple, y su sola aprobación tampoco le otorgaría a Honduras el reconocimiento europeo de que ofrece una protección adecuada.
El Congreso tiene por dónde empezar. En 2014, el Instituto de Acceso a la Información Pública elaboró un anteproyecto sobre la materia. En noviembre de 2018 el pleno llegó a discutir en tercer debate un texto de 96 artículos, pero la discusión se detuvo en el artículo 40 y la ley nunca terminó de aprobarse. En abril de este año, la diputada Kritza Pérez presentó otra iniciativa, y con la de Zavala ya son dos en un mismo año. Bien podrían ambas diputadas impulsar un solo dictamen y convocar a quienes tendrán que aplicar la ley y a quienes tendrán que recurrir a ella.
De esa discusión deberían salir, como mínimo, reglas claras para transferir datos al extranjero y una autoridad capaz de atender reclamos. Las empresas necesitarán un plazo razonable para adaptarse, y las obligaciones tendrían que graduarse según el volumen y la sensibilidad de la información. Una pulpería que anota teléfonos para hacer entregas y una clínica que custodia expedientes médicos merecen instrucciones distintas. A las dos se les debe poder hacer la pregunta con la que empezó esta columna y, en nuestro país, obtener una respuesta.
