La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más corrosivos para la vida cotidiana en América Latina. México y Honduras, dos países golpeados por la violencia estructural, han adoptado estrategias radicalmente distintas para enfrentar este flagelo.
Mientras México lanza una ambiciosa Estrategia Nacional contra la Extorsión, Honduras persiste en un estado de excepción que, tras más de 900 días de vigencia, genera más dudas que resultados.
El plan antiextorsión presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum se articula en cinco ejes: detenciones mediante inteligencia, creación de unidades locales especializadas, atención a víctimas, capacitación de operadores del número 089 y una campaña nacional de prevención.
La participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias vinculadas a extorsiones, así como el bloqueo judicial de líneas telefónicas y operativos en cárceles, muestra un enfoque integral que va más allá de la fuerza bruta.
Además, se capacita a cajeros, recepcionistas y empleados bancarios para detectar señales de extorsión, lo que revela una apuesta por la corresponsabilidad ciudadana. El énfasis en la denuncia anónima y la protección de víctimas refuerza la idea de que el Estado busca recuperar la confianza de quienes viven bajo amenaza.
En contraste, en Honduras la criminalidad, la frustración y la desesperanza están a la orden del día. Los transportistas, los dueños de negocios de todo tipo, de talleres, pulperías, y todo aquello que significa un sacrificado emprendimiento, ya no hallan qué hacer y dónde meterse.
Por ello, millares de compatriotas prefirieron arriesgar sus vidas y aventurarse en la búsqueda del otrora “sueño americano”. El llamado estado de excepción se ha prorrogado por vigésima segunda vez desde diciembre de 2022.
Esta medida, que suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación y asociación, se aplica en más de 200 municipios.
Aunque el gobierno argumenta que ha reducido homicidios y capturado miles de extorsionadores, los datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y de la ONU revelan más de 800 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial.
La falta de ratificación legal por parte del Congreso en la mayoría de las extensiones del estado de excepción ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad.
Además, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, señalando que la medida no ha logrado frenar la extorsión ni proteger a los ciudadanos. La diferencia entre ambos enfoques es clara:
México apuesta por la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la prevención; Honduras por la suspensión de derechos y la militarización de barrios vulnerables. El primero busca desmantelar redes delictivas sin erosionar el tejido social; el segundo parece combatir el síntoma sin atender la raíz.
Ambos países enfrentan desafíos enormes. La extorsión no se erradica con patrullajes ni con decretos de emergencia perpetuos, sino con instituciones fuertes, ciudadanos informados y políticas públicas que respeten los derechos humanos.
La extorsión es un delito que se alimenta del miedo y la impunidad. El tiempo dirá cuál estrategia logra devolver la paz a quienes hoy viven bajo amenaza. Pero si algo está claro, es que la seguridad no puede construirse a costa de la democracia.