Por: Rodolfo Dumas Castillo
La economía informal sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales de buena parte del mundo en desarrollo, y Honduras es un reflejo agudo de esta realidad. No se trata de romantizarla ni de presentarla como una expresión virtuosa de emprendimiento. Al contrario, la informalidad refleja exclusión, baja productividad, precariedad laboral, menor recaudación fiscal y una distancia persistente entre el Estado y la actividad económica real. Precisamente por eso debe observarse con cuidado pues, aunque continúa siendo un problema, también está cambiando de forma. En nuestro país, durante décadas, la informalidad fue asociada con el efectivo, el puesto callejero, el negocio familiar sin registro y la supervivencia diaria. Esa imagen sigue vigente en nuestros mercados y avenidas, pero ya no agota el fenómeno. Una parte considerable de esta economía ha comenzado a incorporar herramientas digitales, redes sociales, comercio electrónico y sistemas de pago más ágiles. No porque haya dejado de ser informal, sino porque la tecnología ha reducido las barreras para operar fuera de los canales tradicionales. Hoy es posible encontrar negocios pequeños que publicitan por redes sociales, coordinan entregas por mensajería instantánea, venden a distancia y cobran por transferencias electrónicas. En algunos casos, incluso utilizan inteligencia artificial para redactar anuncios, responder consultas o mejorar imágenes de productos. Ese giro tiene implicaciones serias. No porque la informalidad haya dejado de ser un problema, sino porque está volviéndose más difícil de controlar, medir y corregir. La economía informal digitalizada puede operar con mayor rapidez, mayor alcance y menor fricción que antes. Puede vender más lejos, reaccionar más rápido y escalar sin pasar por la institucionalidad. Para un Estado como el nuestro, con capacidades de fiscalización limitadas, esto representa un desafío sin precedentes. Por un lado, enfrentamos un amplio desafío de informalidad laboral y empresarial, con todas las consecuencias que ello supone para la seguridad social, tributación y productividad. Por otro lado, la transición tecnológica avanza de manera desigual. El acceso a internet sigue siendo limitado para amplios segmentos de la población, especialmente fuera de los centros urbanos, y las habilidades técnicas necesarias para aprovechar plenamente herramientas como la inteligencia artificial siguen concentradas en una minoría. El debate sobre informalidad ya no puede limitarse a registrar negocios o exigir permisos. También debe reconocer que la economía está entrando en una fase donde la conectividad y las competencias digitales se convierten en factores de inclusión o exclusión. En Honduras, muchos pequeños comerciantes aún trabajan con recursos mínimos, baja conectividad y escaso acceso a formación técnica. Hablar de digitalización sin considerar esa realidad sería tan ingenuo como pensar que la mera formalidad resolverá por sí sola el problema. La informalidad, en otras palabras, no sólo es una cuestión legal o tributaria. Es también una expresión de desigualdad tecnológica. Allí donde el internet es inestable, la formación es insuficiente y la infraestructura es frágil, la posibilidad de modernizar negocios queda restringida. Y allí donde el Estado no logra ofrecer rutas simples, accesibles y útiles para la formalización, la economía informal termina ocupando el espacio disponible, aunque lo haga en condiciones precarias. El reto, entonces, no es celebrar esa adaptación, es entenderla. Porque mientras algunos actores informales aprovechan el entorno digital para sobrevivir mejor, millones de otros siguen atrapados en la informalidad más básica, sin protección, sin acceso al crédito, sin seguridad jurídica y sin capacidad real de expansión. La modernización de una parte del sector no debe ocultar la fragilidad del conjunto. A nivel mundial la economía informal no ha desaparecido, pero ha cambiado de lenguaje. Antes se movía casi exclusivamente en el margen físico del mercado; ahora también se expresa en plataformas, aplicaciones y redes. El problema para muchos gobiernos es que sus instituciones siguen operando con procesos del siglo pasado, mientras la economía evoluciona a velocidad digital. Honduras no está al margen de esa transformación, pero la vive con desventaja. La pregunta ahora es si podemos construir condiciones para que la transición digital no profundice todavía más la brecha entre quienes logran adaptarse y quienes permanecen atrapados en la precariedad. Los grandes desafíos económicos de la próxima década no serán sólo formalizar o regular más, sino ampliar el acceso a conectividad, capacitación y reglas razonables. Porque la informalidad no es modernidad, sino carencia; y sin condiciones reales de inclusión, la distancia entre la economía y el Estado seguirá creciendo.
