Por Rodolfo Dumas Castillo
Hace poco alguien nos consultó si confiábamos en las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales. Respondimos que no se trata de confiar en personas, sino en sistemas. Tampoco es algo nuevo, pues desde la antigua Roma hasta nuestros días, la combinación de fachada respetable y entramados de corrupción se repite con inquietante facilidad.
Julio César, ensalzado como héroe militar y político, financió su ascenso con prácticas corruptas que incluían extorsiones, saqueos y compra de voluntades. El gobernador Salustio saqueó una provincia africana con total impunidad gracias a su poderoso amigo. Cicerón bromeaba en cartas privadas sobre endeudarse hasta el cuello para adquirir propiedades, admitiendo su disposición a conspirar si era necesario.
La corrupción no es una moda ni una anomalía; es una tentación persistente que se instala donde el poder carece de límites reales. Los sistemas romanos, aun con todas sus debilidades, llegaron a establecer tribunales para juzgar a funcionarios que abusaban de sus cargos. Entendieron, como deberíamos entender nosotros, que el poder sin control degenera.
Y también que las sociedades son más indulgentes con los suyos; cuando los corruptos pertenecen a nuestra tribu política o económica, vemos menos, justificamos más y perdonamos todo. Es esa ceguera selectiva la que permite que los mismos patrones se repitan siglo tras siglo.
En cada campaña electoral escuchamos discursos anticorrupción que nos prometen transparencia, probidad, control y sanción. Pero la eficacia no depende de las palabras del candidato, sino de las reglas del juego que lo limitarán cuando llegue al poder.
¿Qué instituciones lo vigilarán? ¿Qué sanciones enfrentarán quienes se desvíen? ¿Qué independencia real tendrán los órganos encargados de fiscalizar? ¿Qué acceso tendrá la ciudadanía a la información? ¿Se promoverá un sistema nacional de integridad? La lucha contra la corrupción no empieza cuando se descubre un escándalo, sino que mucho antes.
Por eso la prevención es la herramienta más poderosa, aunque la menos visible. Prevenir la corrupción implica cerrar las oportunidades antes de que el delito ocurra y tener instituciones que no dependan de héroes ni de denuncias individuales, sino de reglas claras y sistemas automáticos de control.
Esos sistemas deben incluir transparencia radical en la gestión pública, donde cada transacción, contrato o gasto sea visible y trazable. Lo que se hace en lo oscuro es terreno fértil para la corrupción. También debe contar con controles cruzados entre instituciones. Un poder que se controla a sí mismo termina justificando sus excesos. La eficacia está en la vigilancia mutua y en la independencia real de quienes auditan.
Las contrataciones públicas deben ser abiertas y fiscalizadas por sociedad civil pues la corrupción suele esconderse en las compras directas o de “emergencia”. Entre más ojos externos estén sobre el proceso, menor es el margen de abuso.
Esto sin perjuicio de sistemas de gestión de riesgo implantados en cada entidad del Estado (idealmente certificadas conforme normas ISO).
Se debe crear un sistema de protección real a denunciantes. Sin garantías para quienes denuncian, la corrupción queda atrapada en el silencio. Esto podría incluir incentivos económicos para los denunciantes, tal como ocurre ya en otros países donde la imposición de sanciones a personas jurídicas conlleva una retribución para el denunciante.
Estas son las prácticas que funcionan en países que han reducido de manera sostenida la corrupción. La prevención eficaz no depende de una persona honesta, sino de que incluso un deshonesto encuentre difícil robar.
La corrupción no es un accidente, es el resultado previsible de sistemas frágiles y de sociedades que prefieren admirar personalidades fuertes en lugar de fortalecer instituciones sólidas. Roma cayó en esa trampa cuando entregó todo su poder a líderes autoritarios, esperando mano dura y orden.
Lo que recibió fue despotismo, saqueo institucionalizado y silencio obligado. Tampoco basta con prometer “cero tolerancia”. Necesitamos sistemas que no dependan de la buena voluntad de un gobernante, sino que funcionen incluso en contra de sus intereses.
Reglas claras, instituciones independientes, vigilancia ciudadana activa y consecuencias reales. No existe democracia sólida donde la corrupción no tiene costo. El autoritarismo nunca ha sido una solución, pues la corrupción florece cuando el poder se concentra y la vigilancia desaparece.
Las dictaduras solo esconden la corrupción tras un muro de miedo. Por eso, confiar en la democracia significa no delegar poder a ciegas, sino crear mecanismos para vigilarlo. Los líderes van y vienen. Pero si los sistemas no cambian, la historia se repetirá. La verdadera lucha no está en las promesas, sino en las reglas que nos protegen a todos.
