QUIZÁS al colectivo le interese saber que las misiones electorales internacionales no están aquí atendiendo invitación gubernamental, sino en base a convenios que suscribe el CNE, como autoridad nacional a cargo de todo lo relacionado con el proceso electoral, con el organismo sede.
Dicho lo anterior, se entiende que las misiones de observación electoral (MOE), que mandan de afuera, u otras entidades internacionales invitadas a observar el proceso, no son meros espectadores: “Su función va más allá del día de la votación”.
Si bien actúan dentro de los limitados parámetros de su encomienda, “por mandato, deben evaluar integralmente las condiciones del proceso, lo que incluye el marco legal, la autonomía del órgano electoral, el uso de recursos públicos, la libertad de prensa, la seguridad y la igualdad de los actores políticos”.
Siendo así, por supuesto que “sí tienen la responsabilidad de advertir –de manera oportuna y pública– cuando esas condiciones se ven amenazadas”. “Callar o posponer las observaciones hasta el informe final equivale a omitir su deber preventivo”.
“En la doctrina internacional, las misiones tienen lo que se conoce como “mandato de alerta temprana” (early warning mandate). Esto significa que deben pronunciarse antes de que el daño sea irreversible, cuando las señales de riesgo aún pueden corregirse”.
(Si detectan, por ejemplo, cualquier acción encaminada a desbaratar cualquiera de los órganos electorales, falta de garantías a la autoridad electoral, interpretaciones antojadizas del claro mandato constitucional al colocar a las FF. AA. a disposición del CNE en materia electoral).
“Entonces, lo que les tocaría hacer es emitir un pronunciamiento público o privado de advertencia”. “Su silencio en esos momentos no es neutralidad: es negligencia funcional”. Además, “las misiones observadoras no solo rinden cuentas a los Estados, sino también a los ciudadanos del país observado”.
“Su legitimidad proviene del principio de transparencia democrática, y por ello tienen la obligación de comunicar con claridad cuando las condiciones del proceso se ven comprometidas”. “El deber moral de la observación no es cuidar relaciones diplomáticas, sino cuidar la credibilidad del proceso electoral”.
La práctica, sin embargo, enseña que los mirones de afuera suelen andar pianito. Evitan pronunciamientos duros antes de las elecciones, temiendo afectar su acceso o su relación con el gobierno anfitrión. Sus informes previos son tan generales que “todos pueden sentirse incluidos sin sentirse aludidos”.
“Solo después de las elecciones, cuando ya nada puede corregirse, emiten observaciones más directas… que sirven únicamente para los archivos”. Esto convierte la observación en “una autopsia democrática, cuando debería ser un diagnóstico preventivo”.
(Entonces –tercia el Sisimite– si hay señales claras de gestación de una crisis, ¿qué aconsejas que hagan? -Yo nada, –se rasca la cabeza Winston– si de todas maneras aquí nadie hace caso.
Pero ¿qué les cuesta siquiera emitir criterios explícitos sobre las directrices del órgano electoral cuando lo hace en base a su facultad y dentro del marco constitucional? ¿Informar a sus sedes sobre los riesgos específicos, no en abstracto, en aras de la protección del sistema democrático?
¿Y hasta emitir alertas preventivas públicas y privadas, en lo que atañe al respeto a la Constitución y a la independencia y autonomía de los organismos electorales? No hacerlo es incumplir el espíritu mismo de su presencia. No es cosa de esperar que reviente la crisis para decir “agua va”. La observación electoral no es un ejercicio de turismo electoral, sino una función –en su responsabilidad preventiva– de acompañamiento ético y técnico).