UNA junta militar depone la dictadura. Algarabía en las calles. Regresan los desterrados, entre ellos el candidato presidencial del Partido Liberal y el director del emblemático periódico de oposición, Diario El Pueblo, tiempo después director fundador de Diario La Tribuna. Los militares convocan a una asamblea nacional Constituyente encargada de devolver el Estado de Derecho a la agitada nación. Los liberales ganan las elecciones de la constituyente. No terminaban de redactar la Constitución de 1957 –entre aplausos al debate seductor con elocuencia de palabra de diputados de superior talante y talento, nada parecido a lo contemporáneo, de las tres alas políticas– cuando el líder del partido ganador negociaba la anuencia del ejército a una elección de segundo grado –ello es la elección del presidente de la República por la misma constituyente, sin necesidad de concurrir y elegir en forma directa en comicios generales– a cambio de la autonomía del hasta entonces improvisado colegio militar, y la elección privilegiada de un jefe de las Fuerzas Armadas, de elección de los diputados, una vez que la constituyente se transformase en Congreso Nacional ordinario. (El mismo mandatario que accedió a la autonomía del instituto armado no pudo concluir su período constitucional depuesto por el jefe militar elegido por el Congreso).
Los años transcurrieron, pero ya con la fuerza castrense de árbitro absoluto de la vida política-administrativa nacional, entre etapas intermitentes de cortos períodos de respiro constitucional interrumpido, solo para sufrir –al imperial son de marchas marciales anunciando la cadena nacional– el pavor de los temidos golpes de Estado; intercalados por el invento de los mismos civiles, de constitucionalizar –cuando conseguían los dirigentes de los partidos escurrirse domesticadamente en algún Congreso Nacional– al mismo jefe militar que a capricho los derrocaba. Hasta que los mismos jefes subalternos decidían quitárselo de encima, para poner a otro de los suyos y continuar mandando, con la espléndida colaboración de los mismos civiles, en el manoseo de la cosa pública del país; ya sin legislativo, sino con un jefe de Estado militar emitiendo decretos ley en Consejo de Ministros, ah y también, para no dar apariencia de dictadura, nombrando a los jueces en el Poder Judicial. Al fin –tanto el Cristo padecer– apareció el sol resplandeciente, después de largas décadas de eclipse constitucional. Las presiones –no necesariamente de los partidos, sino de la prensa nacional, los empresarios y de la Embajada Americana–desembocaron en otra Asamblea Nacional Constituyente que en 1982 terminó de redactar la Constitución vigente. Esta vez –mejor asesorado el líder del partido que ganó la constituyente– el país concurrió a elecciones generales a elegir un presidente constitucional, aunque amarrado por la presencia incómoda de los generales. La Constitución de 1982, como las anteriores –que tuvieron efímera vigencia– por terror de contrariar a los uniformados, mantuvo el mismo pecado original.
La dualidad de mando: una autonomía institucional, con un jefe elegido por el Congreso Nacional que, gozando de su inamovible posición y de los rifles, las granadas, la artillería, los cañones, los tanques, los corsarios, los señores feudales de su escogencia atrincherados en los batallones y disfrutando de un presupuesto que él mismo repartía a voluntad discrecional, eran en realidad el poder paralelo al recién nacido gobierno civil. El jefe militar terciaba en todos los asuntos nacionales, y aunque a ratos parecían directrices de la casa presidencial –dado el miedo latente a una repetición de lo que por años fue costumbre– prevalecía el criterio del metiche general empoderado en todas y cada una de las decisiones tomadas. Incluso, formando tienda campal aparte, recibía como gran señor de notable influencia, al hatajo de sectores inconformes con el régimen civil, a congregaciones impertinentes en procura de que su entrometida gestión hiciese prevalecer sus intereses gremiales o individuales, contrarios al interés nacional. (Por circunstancias providenciales, ya narradas en el libro “Los Idus de Marzo”, un golpe de barracas, con la venia presidencial, logró romper con aquella maldición). (¿Y te acordás –tercia el Sisimite– cuándo fue que corrigieron aquel adefesio de dualidad del mando civil y militar –con un jefe de las FF. AA. elegido por el Congreso Nacional (con pluralidad de lealtades, si a la milicia, al presidente o las fuerzas políticas que lo tienen en el cargo)? -Sí – mueve la colita Winston– he leído. Fue con una reforma constitucional en 1999, de un gobierno liberal –con consenso de todas las fuerzas políticas e incluso del mismo instituto armado cuyos esclarecidos oficiales aspiraban a la profesionalización, vivir en democracia en obediente respeto a la Constitución– renunciando a aquel maleficio y, junto a todas las demás democracias americanas, hicieron prevalecer la égida del poder civil sobre el militar: con una cadena de mando clara, de un jefe del Estado Mayor Conjunto nombrado por el Presidente de la República y comandante general. -¿Y entonces –vuelve el Sisimite– ¿a qué obedece esa retrógrada travesura de volver a equiparar el poder militar al civil? -Como te decía ayer –suspira Winston– nunca aprenden. No entienden que el respeto a la norma es su perdurabilidad. Creen que la Constitución es plasticina para jugar haciendo pichingos al antojo en cada transición administrativa –solo porque de momento cuentan, virtud de la componenda, con una mayoría calificada ocasional– y lo que hoy mal hacen bajo la ilusión de la oportunidad circunstancial, mañana puede regresar como espantapájaros de azoro fantasmagórico).