Cuando la economía de un país se encuentra en bancarrota, es justamente cuando aparecen los demagogos con las tablas mosaicas en las manos diciendo que la historia cambiará de sentido, y que el bienestar al fin dejará de ser un simple discurso politiquero. Pero cuando ganan las elecciones se encuentran con un camino que se bifurca, sobre el cual deberán tomar una decisión: o seguir haciendo lo mismo que hacían las administraciones anteriores, o comenzar a trabajar sobre las ruinas, para edificar una sociedad más próspera y armónica. La primera opción es más llevadera y menos comprometedora; solo es cuestión de ir administrando las crisis, aparentando esfuerzo y compromiso. La segunda requiere patriotismo, trabajo serio, y mucha inteligencia, una virtud bastante escasa en nuestros políticos.
En países sumamente empobrecidos como Honduras, el tema económico se circunscribe a dos situaciones que se caracterizan por su inutilidad para alcanzar el progreso prometido: el discurso de la empresa privada que pone énfasis en la generación de empleo como el despunte para dinamizar los mercados, y el lenguaje de los políticos asentado sobre el principio de las reformas institucionales para manejar la deuda y la inversión social. Vueltas y más vueltas sobre el cruel juego de las estadísticas nacionales, mientras el crecimiento económico se estanca, y la pobreza aumenta sostenidamente.
Debemos dejar de engañar a las nuevas generaciones prometiéndoles que un nuevo proyecto político de alcances insospechados abrirá las puertas hacia la prosperidad. Como “nuevo proyecto” deberá entenderse, caras novedosas, con los mismos resultados de siempre.
Así las cosas, la mayoría de los economistas propone una mayor presencia del estado frente al “fracaso” del mercado, una vieja leyenda que con la pandemia ha despertado el apetito de los amantes de las políticas intervencionistas. Esa regresión a los años 30 del siglo XX solo ha servido para justificar un aumento desmedido de la burocracia piramidal, acrecentar el gasto, imprimir dinero, intervenir al sector privado, y enrumbarse hacia un empobrecedor socialismo.
En cuanto a las propuestas (Neo) liberales de los organismos de crédito, hay que decir que perdieron la vigencia de los primeros años del siglo XXI. Ningún proyecto de desarrollo que prometa reducir el gasto, promover el ahorro y maximizar la competitividad tendrá un pegue en nuestros políticos, porque eso implica perder votos, prestigio y presencia institucional. Para los empresarios significa desaprovechar las ventajas que ofrece el proteccionismo estatal, o sea, el capitalismo de amigotes que siempre ha imperado en casi toda la América Latina.
A las propuestas (Neo) liberales, fallidas por lo antes dicho, se suman las ofertas de un socialismo que nadie entiende, pero que, en todo caso, se trata de un mero intervencionismo estatal en las actividades económicas privadas, tal como ocurre en varios países de América Latina. Y el peligro de un intervencionismo extremo es que llega el día en que los gobiernos tratan de controlar el mercado a través de las nacionalizaciones, expropiaciones y controles de precios, siguiendo el patrón de los teóricos marxistas de la Dependencia. Desgastados de luchar sin resultados, llega el día en que los empresarios agarran sus maletas y se van al carajo. Los pobres se quedan aplaudiendo consignas o llorando de amargura.
En todo caso, debemos desconfiar de esos proyectos reformistas que pretenden partir de cero, porque casi siempre se trata de una jugarreta a las que nos tienen acostumbrados los políticos de izquierdas y derechas. Saca mejores cuentas atraer las inversiones, controlar el crimen institucionalizado y fumigar los tribunales de justicia contra la peste de la corrupción, tal como lo hace Bukele en El Salvador: irónicamente, autocracia con resultados. Después veremos cómo poner a competir a los empresarios en los mercados locales y globales, mientras se prepara un sistema de responsabilidad empresarial centrado en los trabajadores y sus familias. Eso sería un “hit”, como dicen los beisbolistas.
Héctor A. Martínez (Sociólogo)
