Mirna Isabel Rivera
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Un niño junto a su hermanita bajando frutas sin permiso en el patio de la casa de mi madre, ella se acerca a conversar con ellos, les pregunta si están en la escuela, él responde tímidamente “no me metieron… porque dicen que no tengo los papeles para que me matriculen”. Él cuenta que vive con su abuela, pero “está enferma, no tenemos pisto”, confiesa con tristeza. Su hermanita tampoco asiste a la escuela, ninguno cuenta con una partida de nacimiento, no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Son dos hondureños que no tienen identidad, viven en un área urbano-marginal, en un bordo de río Blanco, San Pedro Sula. Dos pequeños que apenas empiezan a vivir, una de 8 y el otro de 10 años, sus nombres Francisca y Roberto, el rostro humano que representa a miles de niños hondureños que no son registrados, lo que coloca una gran barrera para acceder al sistema educativo y al de salud.
Las personas que nacen en extrema pobreza son las más afectadas, ante la falta de recursos económicos y de formación académica de sus familiares, que no les permite tener como prioridad la inscripción de los recién nacidos, por eso los sub registros son más frecuentes en este grupo de la población. Ante este tipo de escenarios, que representa el atraso social y económico que vive el país, se requiere que las escuelas públicas cumplan una función más allá de recibir o rechazar a los estudiantes que cuentan con la documentación requerida.
El exigir la partida de nacimiento para ingresar al sistema educativo público, es la primera muralla que no superan aquellos niños y niñas que no cuentan con un núcleo familiar que se haga responsable de inscribirlos para que tengan este documento. Debe crearse mecanismos para que los niños puedan matricularse de manera inmediata y una vez ya en el sistema educativo vincularlos con el RNP para hacer ese trámite.
Una alianza entre las escuelas públicas de San Pedro Sula y la oficina regional del RNP, facilitaría hacer un censo de los niños y niñas que viven en zonas vulnerables y que todavía no han sido registrados. El Estado de Honduras está en la obligación de inscribir a todos los recién nacidos y crear los mecanismos adecuados.
Un niño o niña que no cuenta con su partida de nacimiento es vulnerado en sus derechos humanos por su familia y el propio Estado. La Constitución de la República garantiza que toda persona tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. En Honduras el plazo para inscribir a un recién nacido son seis meses, cuando transcurre más de ese tiempo se les exige a los padres otros documentos adicionales.
La COVID-19 agravó esta situación, hubo una reducción del 59% de inscripciones en el 2020 en relación al 2019, según datos del RNP. Muchos de estos niños y niñas serán los nuevos excluidos al no contar con una partida de nacimiento.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala en el Estudio Regional sobre Inscripción tardía de nacimientos, otorgamiento de documentos de nacionalidad y apátrida (2020) que “las personas no inscritas al nacer pueden tener un acceso limitado o nulo a servicios y derechos fundamentales, incluyendo el derecho al nombre y a una nacionalidad, así como a derechos sociales, económicos y políticos tales como la salud, educación, asistencia social, trabajo y participación en la vida política”. Además, cuestionan que se vincule tener una partida de nacimiento para ser matriculados en la escuela, ya que es un derecho universal.
Las historias de vida como las de Roberto y Francisca, deben llamar la atención inmediata de las autoridades educativas y del RNP, cada año escolar que pierden significa para estos niños menos oportunidades para lograr la movilidad social ascendente, se les está condenando a una vida que ningún ser humano merece, con sus derechos vulnerados y sin opción a un mejor futuro.
