Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Según el politólogo francés, Alain Rouquié, las democracias no pueden librarse fácilmente de las dictaduras y que muchas de sus prácticas logran sobrevivir después de haber desaparecido. De modo que, aunque celebremos la vuelta al Estado de derecho y la libertad de elegir gobernantes, los vicios autoritarios echarán raíces en el nuevo régimen.
Eso pasó exactamente en Honduras durante la transición del militarismo a la democracia, en 1982. Las Fuerzas Armadas conservaron el control institucional bajo el pretexto del combate al comunismo y la seguridad nacional. Bajo su influencia, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se plegaron casi por completo a las directrices del poder militar, cuya presencia era notoria en las calles, los espacios públicos y hasta en la misma Universidad Nacional. Todo estaba vigilado de cerca.
Aunque un régimen dictatorial no necesariamente surge de golpe, siempre existe una justificación que facilita su ascenso al poder. Puede tratarse de la inseguridad, de la falta de gobernabilidad de los civiles o la corrupción: cualquier pretexto es bueno para pavimentar el camino de los autócratas al poder. Si nos movemos hacia el pasado, nos encontramos con que la dictadura de Tiburcio Carías Andino buscaba sofocar las revueltas partidistas que ponían en riesgo los negocios de las fruteras norteamericanas. Roberto Suazo Córdova, Rafael Leonardo Callejas y José Manuel Zelaya, desoyendo a los otros poderes del Estado, intentaron sin éxito romper el artículo pétreo 239 de la Constitución para quedarse por más tiempo en la silla presidencial. Solo Juan Orlando Hernández, mediante un malabar legalista, logró reelegirse por un segundo periodo consecutivo. Lo demás es historia harto conocida.
Como vemos, para cada intentona autoritaria, las justificaciones se hacen acompañar de una crisis institucional que, en el caso de Honduras, ha acabado con la esperanza de que los partidos tradicionales puedan garantizar el bienestar y un futuro mejor para las mayorías. Como el sistema político ya perdió legitimidad, el incremento del malestar ha excedido los límites de tolerancia de los ciudadanos y ha terminado de convencer a las élites de este país de que, de persistir la crisis, las cosas podrían desbordarse el día menos pensado.
Lo que nuestras élites deben evitar a toda costa es caer en la tentación de proponer una salida autoritaria para este país, bajo la justificación de una posible descomposición social. Deben entender que los conflictos pueden resolverse con diálogo interinstitucional e inteligencia estratégica, no con represión ni demagogia. Los grandes teóricos del conflicto social nos enseñan que las organizaciones de la sociedad civil buscan tener un grado de participación real en la toma de decisiones políticas. Pues bien: es urgente abrir esos canales de comunicación antes de que el descontento busque sus válvulas de escape.
Porque la democracia no puede sobrevivir con puras elecciones y maquillajes institucionales; ni siquiera repartiendo privilegios a los líderes gremiales. Los hondureños necesitan oportunidades, movilidad social y posibilidades reales de progreso. El país no demanda dictadores, sino abrirse a los mercados mundiales, al comercio, a las inversiones; ofrecer medios de desarrollo. Las élites deben ceder en lo primordial: dejar que la gente progrese en medio de las oportunidades que, hasta el día de hoy, son escasas.
Lo único fuerte que necesitamos son las instituciones y los gobiernos, pero sometidos a la ley, eso sí.
