La propuesta de entregar a personas de la “sociedad civil” los cargos de secretario y escrutador en las Juntas Receptoras de Votos se vende como un acto de pureza democrática, pero encierra un error de fondo: confunde ciudadanía con independencia política. Los delegados de los partidos también son ciudadanos, y su presencia en la mesa no es un vicio que deba corregirse, sino la garantía que ha permitido que el sistema funcione. La Ley Electoral vigente integra las juntas con miembros designados por los partidos, con voz y voto, y reparte los cargos de manera que ninguna fuerza controle sola la mesa. Cambiar esa fórmula por un modelo de supuestos neutrales abre interrogantes sobre quién los escoge, quién los vigila y cómo se demuestra que carecen de simpatías políticas. Además, pone en riesgo la transmisión de resultados en el momento más delicado de la jornada electoral. Es una reforma que promete limpieza y puede terminar sembrando desconfianza. Ese es el fondo de esta discusión, y conviene mirarla sin adornos.
Nadie necesita ser santo cuando el diseño descansa en intereses contrapuestos. En una mesa donde un representante sabe que otro lo observa y un tercero conserva copia del acta, el fraude resulta caro y la denuncia inmediata. Es una lógica de pesos y contrapesos en miniatura: no se confía en la virtud del vigilante, sino en que varios vigilantes se controlen entre sí. Con delegados de partidos identificables, cualquier intento de alterar un acta perjudica directamente a alguno de los presentes, que tiene un incentivo inmediato para gritarlo. Montesquieu no levantó la separación de poderes sobre gobernantes apolíticos, sino sobre algo menos romántico: que el poder encuentre otro poder que lo contenga. Trasladado a una junta, el razonamiento es claro. La honestidad de la votación no depende de sentar a ciudadanos sin preferencias, algo imposible de comprobar, sino de que ninguna preferencia se imponga sin toparse con otra que tenga información, facultades y motivos para impedirlo. Lo demás es retórica bien intencionada, o mal intencionada.
La primera pregunta que nadie responde es quién selecciona a los supuestos independientes. Si los partidos dejan de nombrarlos, alguien tendrá que hacerlo, y entonces el problema solo se desplaza: quién decide quién entra en el universo, quién certifica a la sociedad civil y con qué criterios se excluye a unos y se admite a otros. Esa sociedad civil tampoco es una cuarta fuerza homogénea. Bajo el rótulo caben universidades, iglesias, ONG, colegios profesionales y gremios empresariales con agendas, financiamiento, dirigentes e intereses perfectamente legítimos, pero no por ello políticamente neutros. Darles poder decisorio no despolitiza la mesa: traslada poder desde organizaciones que compiten públicamente por el voto hacia otras que jamás se sometieron a él. El riesgo deja de ser el abuso de un solo bando y pasa a ser la captura coordinada, con redes políticas, municipales, gremiales o gubernamentales colocando a sus piezas en los dos puestos técnicamente decisivos. Y sin una cadena política de vigilancia, ¿quién rinde cuentas cuando el supuesto imparcial se alía con un partido?
Imaginemos ese escenario en miles de juntas del país: los representantes partidarios detectan que los neutrales se han coaligado con el adversario, y la mesa estalla en el momento neurálgico de cerrar el escrutinio, firmar las actas y meter el original a la máquina para su transmisión. Sin actas no hay transmisión, y sin transmisión no se divulgan resultados a la hora del cierre. Eso no sería una mejora del sistema, sino dinamitarlo en su instante más sensible. Quienes se proponen desarmar piezas que han funcionado bien deberían anticipar el caos que meten al país. En la elección pasada, la integridad y la valentía de las dos protagonistas que, con la ley en la mano, resistieron la embestida del poder abusivo permitieron unos comicios ejemplares y una declaratoria en el plazo constitucional, mérito que ahora algunos regatean. No se salva la democracia con eslóganes ni piropos como “ciudadanizar”. Se protege manteniendo un diseño donde nadie manda solo y todos vigilan a todos. Ese es el verdadero blindaje.