El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que las instituciones responsables de la seguridad y la justicia deben trabajar de manera coordinada para enfrentar a las estructuras criminales y contribuir a recuperar la seguridad y tranquilidad de la población hondureña.
Zambrano señaló que el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen responsabilidades dentro de esta estrategia y deben proporcionar las herramientas necesarias para que los cuerpos de seguridad puedan actuar y poner a disposición de los tribunales a las personas señaladas de integrar estructuras criminales.
“Llegó la hora”, sostuvo el titular del Legislativo al referirse a la necesidad de fortalecer las acciones contra la delincuencia. También mencionó las afectaciones que, según expuso, generan la extorsión y otros delitos en negocios, transporte y familias que se ven obligadas a abandonar sus comunidades por razones de seguridad.
Las declaraciones se producen después de que el Congreso Nacional aprobara reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario dirigidas a endurecer el régimen de reclusión para personas capturadas como integrantes de grupos declarados terroristas. Las reformas establecen su traslado a áreas de máxima seguridad, restricciones de visitas y controles reforzados sobre las comunicaciones.
Entre las medidas aprobadas figuran el aislamiento individual, la supervisión de las visitas de abogados, controles sobre las visitas familiares y la interferencia de comunicaciones. También se establecen restricciones para el ingreso y uso de dispositivos electrónicos dentro de estos módulos.
Zambrano indicó además que se trabaja en el reacondicionamiento de espacios penitenciarios para internos considerados de mayor peligrosidad. Según sus declaraciones recientes, se proyecta habilitar alrededor de 900 espacios en una primera etapa y construir nuevos módulos de máxima seguridad y otros centros penitenciarios.
El presidente del Congreso también ha informado que se preparan reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Entre las propuestas mencionadas están cambios relacionados con las medidas cautelares para personas capturadas por pertenecer a organizaciones declaradas terroristas, la consideración de determinadas capturas como flagrancia y la creación de circuitos judiciales especializados. Estas propuestas forman parte de un paquete que continúa en discusión.
La nueva estrategia de seguridad se desarrolla después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declarara como organizaciones terroristas a tres estructuras criminales y anunciara medidas como mayor coordinación entre instituciones, circuitos judiciales especializados y un régimen penitenciario reforzado.
Mientras avanzan las reformas, Zambrano sostiene que el Congreso continuará dando respaldo presupuestario y legal a las instituciones de seguridad, pero también exigirá informes y resultados sobre la aplicación de las nuevas herramientas.