EL sol se deshacía en hilachas de oro entre la cresta de los pinos, y la sombra, como un animal que despierta, se estiraba lenta por el musgo. El aire, que hacía un instante era un susurro fresco de hojas, se volvía espeso. El viento cambiando de humor, rasgando el verde en oleadas plateadas, y el rumor constante de los grillos se apagaba, reemplazado por el retumbar sordo de un trueno que aún no se ve. -Supiste habló Winston– se rompieron la cabeza en la maleta proponiendo «sancionar al consejero o magistrado que no acuda a los plenos». –¿Así, sin más?– Solo un pequeño detalle: la presunción de inocencia y el debido proceso. “Para imponer una sanción no basta escribirla en una ley; hay que determinar la falta, atribuir responsabilidad, escuchar al señalado, permitirle defenderse y ejercer los recursos al alcance”. ¿Y cuánto tarda todo eso si el imputado hace uso de las garantías que la ley le reconoce? Porque si lo que pretenden es suspender o separar del cargo a un funcionario cuya elección corresponde al Congreso Nacional, se topan con otro problema ya que la Constitución encarga la separación al ente que lo eligió. –¿Juicio político? ¿Y eso está contemplado en las causales para arrimarlo?– ¿Así de fácil? ¿Y de dónde sacan que siempre van a tener amarrado el nudo bipartidista de los votos necesarios para alcanzar esa mayoría calificada? ¿Qué pasa si en otro Congreso se alían los opositores? ¿Si Timbucos y Timburracas suman suficientes diputados para bloquear la mayoría calificada y no existe entendimiento alguno con el oficialismo, o con quien quiera guillotinar? ¿Se quedará entonces paralizado el órgano electoral mientras esperan un acuerdo político que quizá nunca llegue? –Y mientras investigan la ausencia, garantizan el debido proceso, resuelven recursos, determinan si existe causal constitucional, promueven el juicio político y salen a buscar los votos de una mayoría calificada, ¿qué hacen con el pleno? — Pues entra el suplente. —¡Descubrieron el agua tibia que existía desde siempre! Si eso es lo que la ley ya contempla. “El remedio no consiste en fabricar un laberinto constitucional para resolver una ausencia, sino en garantizar que quienes suplan sean personas íntegras y verdaderamente independientes en el ejercicio de su función, y no suplentes de escogencia acomodada para convertirse en mandaderos de un sector político colocados para inclinar la balanza cuando llegue la hora crítica”. (¿En otras palabras, adecentar la política –como arte de administrar el poder al bien común– que los mismos políticos ensucian?). Una buena ley debe funcionar con Timbucos, con Timburracas, con oficialistas, con opositores y con cualquier correlación futura de fuerzas. –Y aparece la otra novedad, que las decisiones ya no se tomarían por unanimidad, sino por mayoría–.
¿Y acaso la regla general vigente no contempla decisiones por mayoría? —Bueno, pero ahora bastarían dos para integrar el pleno. —¿Y para qué desarmar el equilibrio institucional si precisamente existen suplentes para cubrir los vacíos? Aquí está el peligro de las reformas hechas como quien revuelve una caja de herramientas sin preguntarse primero qué pieza está averiada y terminan descomponiendo lo que todavía funciona. -¿Y el otro afán de meter mano en las mesas electorales? El principio que las sostiene es sencillo y bastante más inteligente de lo que algunas “maletas” parecen advertir: los adversarios se vigilan entre sí. Ninguno necesita creer en la santidad del otro. Precisamente porque tienen intereses contrapuestos, cada uno procura impedir que el contrario altere los votos. Ese equilibrio de desconfianzas recíprocas funciona como contrapeso. Pero ahora aparece la palabra mágica: —Metamos ciudadanos «apolíticos», representantes de la sociedad civil. —¿Apolíticos?, inodoros, incoloros, eso es ficción. Un ciudadano no deja sus ideas, simpatías, intereses ni preferencias en la puerta de una mesa electoral. La garantía no está en una inexistente apoliticidad, sino en la integridad, la imparcialidad en el ejercicio de la función, la vigilancia recíproca y el sometimiento de todos a reglas claras. Más bien al romper el equilibrio puede conseguirse exactamente lo contrario. ¿Quién garantiza que esos supuestos neutrales no terminen aliados con unos contra otros? ¿Qué sucederá si, a la hora neurálgica del escrutinio, varios se ponen de acuerdo para echarle la vaca al representante incómodo? ¿Quién certificará el resultado entre gritos, impugnaciones y acusaciones? ¿Quiénes firmarían el acta? ¿Quién garantizará su transmisión? Y si el bochinche se multiplica simultáneamente en cientos o miles de mesas, ¿qué autoridad irá corriendo de una a otra para poner orden? Y finalmente la tirria de trastocar la Constitución. Dejen de manosear la Constitución cada vez que aparece una ocurrencia. Una Constitución no es un reglamento que se corrige después de cada elección ni un traje que se ajusta a la conveniencia de quienes circunstancialmente ocupan el poder. Su autoridad, y el respeto a la misma deriva de su estabilidad, de su permanencia, no de querer cambiarla como cambiarse de calcetines sucios. Las instituciones no se fortalecen del cambio a discreción y a la garduña de las reglas. Se fortalecen cumpliéndolas. Quizá sea bastante más sencillo y, al mismo tiempo, bastante más difícil: lo que hace falta no es seguir reformando la democracia para obligarla a funcionar, sino adecentar la conducta de quienes tienen la obligación de hacerla funcionar”. “Era la respiración del bosque que se aceleraba, un latido verde trepidando bajo el cielo plegado sobre sí mismo”. Winston agachó las orejitas y agarró rumbo a su casa.