San Pedro Sula. Los transportistas de la ruta 7, una de las principales del transporte urbano en San Pedro Sula, suspendieron sus labores este lunes tras un atentado armado ocurrido en el barrio Las Palmas.
El ataque, que dejó herido al conductor de una de las unidades, reavivó las denuncias del gremio sobre el impacto de la extorsión y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Una decisión por seguridad
Elio Muñoz, dirigente del sector transporte, confirmó la paralización total de la ruta. «No nos queda otra opción.
Los conductores temen por su vida y los usuarios son los más perjudicados», expresó.
La medida busca exigir una respuesta inmediata a la creciente ola de violencia que afecta al gremio. El ataque del domingo no es un hecho aislado, según Muñoz.

Al menos siete empresas de transporte en San Pedro Sula están siendo víctimas de extorsión, un delito que ha generado un clima de temor y ha obligado a la paralización temporal de diversas rutas en la ciudad.
«No vemos un esfuerzo real por parte de las autoridades para reducir estos ataques. Cada día la situación empeora», afirmó el dirigente.
A su vez, destacando la inacción gubernamental frente a un problema que pone en riesgo tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios.

Impacto en los usuarios
La suspensión de la ruta 7 ha dejado a miles de personas sin transporte, afectando principalmente a quienes dependen de estas unidades para trasladarse al centro de la ciudad y a otros destinos.
«Sabemos que los usuarios son los más afectados, pero no podemos seguir arriesgando nuestras vidas», agregó Muñoz, señalando que la seguridad de los conductores debe ser una prioridad.

Crisis en el transporte urbano
El paro de la ruta 7 coincide con la suspensión de labores de mototaxistas en Villanueva, Cortés, quienes también enfrentan dificultades, aunque por razones distintas.
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Estos trabajadores denuncian el mal estado de las carreteras como un factor que complica el desempeño de su trabajo.
El gremio de transportistas ha solicitado a las autoridades locales y nacionales fortalecer las medidas de seguridad en las rutas y diseñar estrategias sostenibles para combatir la extorsión.
Según Muñoz, la falta de resultados de iniciativas como el estado de excepción ha generado desconfianza.
«Necesitamos ver acciones contundentes, no promesas vacías», concluyó el dirigente, instando a las autoridades a actuar con urgencia para proteger a un sector que es vital para la movilidad y economía de la ciudad.