Por Rodolfo Dumas Castillo
La historia parece repetirse con una crueldad. Cada vez que las tensiones en el Medio Oriente escalan (esta vez en Irán), el precio del petróleo sube, disparando las alarmas en las economías dependientes. Honduras, atrapada en una matriz energética impulsada por combustibles fósiles, observa con horror cómo factores externos pulverizan sus proyecciones económicas y amenazan con encarecer aún más la ya pesada factura eléctrica de hogares y empresas.
Sin embargo, mientras miramos con ansiedad hacia el Golfo Pérsico, ignoramos sistemáticamente el recurso más abundante con que contamos y que el Estado hondureño se niega a reconocer como un aliado estratégico: el sol. Tenemos suficiente disponibilidad para transformar radicalmente nuestra matriz energética, disminuir la asfixiante dependencia de los derivados del petróleo y aliviar la carga financiera de la ciudadanía.
Contamos con un marco legal que permite la “auto-generación”, principalmente mediante paneles solares. Sin embargo, este ciclo normativo sigue truncado porque el Estado no ha aprobado la tarifa mediante el cual los usuarios podrían inyectar sus excedentes de energía a la red nacional y recibir un crédito justo por ello. Este estancamiento refleja un temor injustificado de la institucionalidad y frena nuestro desarrollo en un momento donde la estabilidad regional depende de nuestra capacidad de generar energía propia.
El incentivo para que un hogar o una pequeña empresa invierta en energía solar se diluye cuando no existe la posibilidad de compensación por la energía que genera, pero no consume en el momento. Si un negocio cierra los domingos, sus paneles solares producen energía al máximo en el momento de mayor irradiación, pero esa energía se pierde o alimenta la red pública sin que el propietario reciba ningún beneficio. En ausencia de esa tarifa de inyección o “net metering”, las inversiones en autoconsumo se vuelven financieramente menos atractivas, especialmente para los sectores residencial y MIPYMES, que son quienes más necesitan reducir sus costos operativos ante la inflación importada. En lugar de fomentar una ciudadanía energética activa y comprometida, el sistema actual sigue favoreciendo la dependencia de un modelo centralizado que trata a los usuarios como consumidores cautivos y no como potenciales aliados en la transición energética. Seguimos perdiendo oportunidades de inversión y resiliencia mientras los precios internacionales del crudo siguen su curso ascendente.
La energía solar para autoconsumo es una herramienta fundamental de democratización energética y defensa nacional. Un sistema de créditos justo y transparente permitiría descomprimir la presión sobre el sistema interconectado y reducir las pérdidas en distribución que debilitan a la ENEE. Un aspecto innovador que merece especial atención es el “autoconsumo colectivo”, una figura que permitiría a múltiples usuarios, como los residentes de un condominio, inquilinos de un centro comercial o pequeños comercios de un barrio, compartir la energía generada por una instalación común. Este modelo, ya implementado en otros países, tiene un enorme potencial para maximizar el impacto económico y social, habilitando comunidades energéticas que compartan recursos, costos y beneficios en un esquema solidario.
Es comprensible que los operadores tradicionales del sistema eléctrico teman una transformación tan profunda. La generación distribuida descentraliza el poder (literalmente) y exige nuevas formas de regulación, planificación y relación con los usuarios. Pero evitar ese cambio no lo detiene; solo lo pospone a costa del desarrollo nacional. No se trata de desplazar a los grandes generadores ni a la estatal, sino de complementarlos en una matriz más resiliente, limpia y eficiente que no tiemble cada vez que estalla un conflicto al otro lado del mundo.
A medida que el contexto internacional se vuelve más volátil, es imperativo exigir un diálogo técnico y político para corregir esta omisión regulatoria. Además, se deben eliminar los impuestos y aranceles a la importación de equipos solares, inversores y baterías de almacenamiento. El almacenamiento es la pieza que falta para que el sol trabaje también de noche, pero los altos costos de entrada, inflados por cargas impositivas, alejan esta solución de las mayorías. Eliminar esos aranceles no es un sacrificio fiscal, sino una inversión en competitividad nacional.
La transición energética debe ser una política pública de Estado que facilite, y no que castigue, la adopción de tecnologías limpias. Para lograrlo, solo falta voluntad política para desgravar el futuro y una visión de largo plazo. El gobierno tiene la oportunidad histórica de romper las cadenas del petróleo mediante incentivos reales y el reconocimiento de los excedentes energéticos. El sol ya lo tenemos; lo que nos falta es la decisión de permitir que nos dé la libertad que tanto necesitamos.
