LAS 180 muertes que hasta ayer se registraban en accidentes viales en lo que va de 2026 —quince más que en el mismo período del año anterior— confirman una tendencia que el país no puede seguir tratando como un fenómeno inevitable. Las autoridades de Tránsito han expresado su alarma, pero ésta no basta.
La seguridad vial es un indicador de gobernanza, de cultura ciudadana y de responsabilidad colectiva. Y no se puede negar que en los tres ámbitos, estamos fallando. Durante años, la discusión pública se ha reducido a dos respuestas: leyes más severas y campañas educativas. Ambas son necesarias, pero insuficientes.
La magnitud del problema exige una estrategia integral que articule instituciones, ciudadanía y tecnología, y que rompa con la resignación que ha permitido que estas cifras se repitan año tras año. Tal vez la llegada del nuevo ministro de Seguridad incide en algo.
No se puede seguir abordando la seguridad vial como un tema accesorio, sino como una prioridad nacional que afecta directamente la vida, la economía y la cohesión social. La infraestructura vial es uno de los eslabones más débiles de esta cadena.
Carreteras oscuras, señalización deficiente, pasos peatonales inexistentes y puntos críticos que todos conocen pero nadie interviene, convierten cada trayecto en un riesgo innecesario.
La infraestructura no es un detalle técnico: es una política pública que salva vidas. Invertir en iluminación, señalización, mantenimiento y rediseño de tramos peligrosos no es un lujo; es una obligación del Estado.
La infraestructura comunica orden, advierte riesgos y orienta comportamientos. Cuando falla, expone a todos. A ello se suma la necesidad de modernizar los sistemas de control. El país requiere un salto hacia tecnologías que permitan anticipar riesgos y reducir la discrecionalidad: cámaras inteligentes, monitoreo automatizado, bases de datos integradas, semáforos sincronizados, de verdad “inteligentes”.
Sin embargo, la tecnología solo funciona si se acompaña de un control efectivo. La ciudadanía percibe —con razón— que muchos operativos son intermitentes o negociables. Los fines de semana, especialmente, los agentes de Tránsito brillan por su ausencia. La tolerancia cero a la corrupción, la profesionalización del personal y la transparencia en la gestión de multas son condiciones indispensables para recuperar la confianza.
La ley solo transforma cuando se aplica con coherencia. Pero ninguna política pública sustituye la responsabilidad individual.
La mayoría de los accidentes están vinculados a comportamientos evitables: exceso de velocidad, alcohol, uso del celular, irrespeto a señales y límites. Conducir no es un derecho absoluto; es un acto de responsabilidad social.
Cada conductor lleva en sus manos la vida de otros. La seguridad vial comienza en el volante de cada ciudadano, en la decisión cotidiana de respetar la norma y valorar la vida. El país no puede seguir normalizando estas cifras.
Cada muerte en carretera es una tragedia que pudo evitarse. La seguridad vial debe convertirse en un compromiso nacional que involucre a instituciones, empresas, comunidades y ciudadanos.
Se requiere voluntad política, inversión sostenida, control efectivo y una ciudadanía consciente. Pero, sobre todo, se necesita romper la inercia que ha permitido que este drama se repita año tras año.
La seguridad vial no es solo un asunto técnico: es un compromiso ético y un indicador de cuánto valoramos la vida en nuestra sociedad.