Por: Mirna Isabel Rivera
En pleno siglo XXI, en un planeta donde hay más teléfonos celulares que personas y donde estar conectado a internet es casi tan vital como alimentarse, creeríamos que vivimos en un mundo más equilibrado en términos laborales, económicos y ambientales. Pensaríamos que las luchas de clase pertenecen al pasado y que la concentración de riqueza en pocas manos es un tema reservado para los libros de historia.
Si nos situamos en un país en desarrollo como Honduras, rico en recursos naturales, pero empobrecido por una deficiente administración pública que lo ubica entre los países más corruptos del hemisferio, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué la inversión extranjera que llega al país no paga impuestos, recibe concesiones territoriales y, aun así, la pobreza continúa? ¿Por qué se sigue tratando a los empleados bajo formas disfrazadas de explotación? En muchos casos, se trabaja apenas para subsistir.
Creo en la responsabilidad social empresarial (RSE) y también en la responsabilidad individual (RSI), pero entiendo bien cómo funciona el juego. Ningún empresario o emprendedor invierte con el objetivo principal de generar empleo; invierte para producir, crecer y maximizar la rentabilidad. El empleo surge como consecuencia de esa lógica. Por eso, cuando una empresa encuentra la posibilidad de automatizar procesos y reducir planillas por simple racionalidad económica, lo hace.
Ya lo vimos recientemente en empresas tecnológicas de Estados Unidos, que despidieron personal altamente especializado para redirigir recursos hacia inteligencia artificial (IA), no por una crisis económica o una bancarrota, sino por una decisión estratégica.
China, en menos de un siglo, ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas y al mismo tiempo ha comenzado a tomar medidas para evitar que la IA destruya empleos de forma indiscriminada. Entiende que una sustitución masiva de trabajadores humanos no solo afectaría el consumo, sino que también podría provocar crisis económica y caos social.
Este año, tribunales chinos establecieron que no es legal despedir trabajadores con el único propósito de sustituirlos por sistemas de IA para reducir costos. Esa decisión ofrece una lección importante sobre cómo opera la lógica social más allá de las cifras económicas.
En países con poca cohesión social, el temor a que la IA reemplace empleos no es exagerado; es un riesgo inminente. La automatización ya está transformando industrias enteras, desplazando tareas y reduciendo la necesidad de mano de obra humana en múltiples sectores.
Uno de los argumentos más frecuentes es que ya no hay suficientes personas para ciertos trabajos, porque muchas migraron del campo a la ciudad y, posteriormente, de las ciudades hacia Estados Unidos o España, como ha ocurrido con buena parte de la diáspora hondureña.
Desde el punto de vista financiero, la IA representa una solución atractiva: menores costos laborales, menos obligaciones sociales y un gasto concentrado en mantenimiento, actualización y supervisión tecnológica.
Pero ¿puede un país desarrollarse únicamente sobre criterios de eficiencia? ¿Dónde queda el contrato social que sostiene la convivencia entre los integrantes de una sociedad? La verdadera discusión no es tecnológica, sino moral y legal. ¿Cuál es la brújula ética de un sistema económico que valora más la rentabilidad que la dignidad humana? ¿Hasta dónde puede llegar la lógica de maximizar el retorno sin asumir ninguna responsabilidad social? La libre empresa es necesaria, pero no debería convertirse en una licencia para deshumanizar el trabajo.
La empresa privada no debe verse únicamente como un generador de utilidades, es también el corazón económico de una sociedad. En Honduras, el movimiento sindical se ha reducido de forma dramática, casi hasta la extinción. Existe una profunda orfandad en la clase trabajadora, y hasta sus propios líderes terminan plegándose a los intereses patronales, dejando atrás las luchas sociales que alguna vez les dieron sentido.
La IA no es el problema en sí misma. La IA, no precariza ni desplaza por voluntad propia a los trabajadores. Son los tomadores de decisiones quienes determinan si esta tecnología servirá para ampliar capacidades humanas o para profundizar la exclusión (MIR).
