Más de 423 mil hondureños han sido obligados a abandonar sus hogares en los últimos años, en medio de una crisis marcada por la violencia, el crimen organizado y los efectos del cambio climático.
Así lo revela un reciente informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
De acuerdo con el estudio, un total de 423,845 personas han experimentado desplazamiento interno, lo que representa el 4.5% de la población nacional hasta 2024. La medición, basada en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, evidencia que la inseguridad sigue siendo el principal detonante, aunque no el único.
El informe advierte que la problemática responde a múltiples factores. Más de un tercio de los afectados señala que los fenómenos climáticos y desastres naturales también influyeron en su decisión de abandonar sus viviendas.
En los casos relacionados con violencia, el 38.5% de las personas reconoce que las condiciones climáticas agravaron la situación, reflejando una crisis compleja donde convergen riesgos sociales y ambientales.
Las zonas más impactadas se concentran en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, particularmente en áreas urbanas como San Pedro Sula y el Distrito Central, donde los niveles de violencia continúan siendo elevados.
El desplazamiento interno en Honduras se caracteriza por ser, en su mayoría, de corta distancia. Más de la mitad de los casos ocurre dentro de la misma aldea, mientras que seis de cada diez se mantienen dentro del mismo municipio y ocho de cada diez no salen del departamento.
Esta tendencia evidencia que las familias buscan refugio cercano, aun cuando las condiciones de riesgo persisten. De hecho, uno de cada cinco desplazados no ha logrado retornar a su lugar de origen.
A nivel de hogares, el 6.2% —equivalente a 157,164 familias— reporta tener al menos un integrante que ha sido desplazado. La mayoría de esta población, un 62%, reside actualmente en zonas urbanas, enfrentando dificultades para reconstruir sus vidas.
El perfil de los afectados refleja una alta vulnerabilidad social. El 55% son mujeres, con una edad promedio de 37 años; el 11% corresponde a menores de 14 años, y cerca de un tercio son jefes de hogar. Además, el 45% vive en condiciones de pobreza extrema.
El director ejecutivo del INE, Rony Pacheco, señaló que estos datos permiten visibilizar la magnitud del problema y constituyen una base clave para la formulación de políticas públicas orientadas a proteger a las familias afectadas. En esa misma línea, representantes de ACNUR destacaron la importancia de esta medición para comprender mejor el fenómeno y avanzar en respuestas más efectivas.
El informe plantea como prioridades fortalecer el sistema nacional de atención al desplazamiento, impulsar la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado y ampliar los mecanismos de protección comunitaria, especialmente para la niñez y los grupos más vulnerables.
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