La UNAH ha sido durante décadas un pilar de la educación superior en nuestro país, pero también ha sido testigo de profundas desigualdades y deficiencias que han afectado tanto a su desarrollo como al futuro de miles de estudiantes. Los problemas que enfrenta la UNAH no son nuevos, desde la saturación y deterioro de la infraestructura, la falta de recursos en los centros regionales, hasta la burocracia y la mala gestión administrativa. En el centro de todo esto está Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, que acapara la mayor parte de los recursos, dejando a las demás sedes en el olvido. La centralización de recursos ha creado un ambiente de privilegios para unos pocos, mientras que el resto de los estudiantes, especialmente aquellos de los centros regionales, se ven forzados a lidiar con condiciones precarias para alcanzar su educación.
Por años, hemos visto cómo la infraestructura en CU ha mejorado, cómo se han construido nuevos edificios, y cómo se han modernizado laboratorios y bibliotecas. Pero, mientras tanto, los estudiantes de los centros regionales como UNAH-VS, CURLA, y otros, siguen esperando mejoras básicas: aulas adecuadas, laboratorios funcionales, acceso a bibliotecas con recursos actualizados y apoyo académico real. Estos centros se han convertido en un reflejo de las promesas incumplidas y la hipocresía de nuestras autoridades universitarias, que parecen más interesadas en mostrar una imagen de modernidad en Tegucigalpa mientras ignoran las necesidades urgentes del resto del país.
Es en este contexto que la UNAH ha propuesto eliminar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) como requisito para ingresar a la universidad, permitiendo que miles de estudiantes que no alcanzaron el puntaje mínimo requerido puedan matricularse bajo una modalidad de “admisión excepcional”. Según las autoridades, esta medida busca ampliar el acceso a la educación superior, ofreciendo tutorías y apoyo psicopedagógico a los estudiantes que ingresen bajo esta modalidad. En la superficie, esto puede sonar como una iniciativa inclusiva y progresista. Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento, se revela como una propuesta populista que amenaza con agravar las ya profundas deficiencias de nuestra universidad. En primer lugar, eliminar la PAA sin antes resolver los problemas estructurales de la UNAH es un acto irresponsable. La PAA, aunque imperfecta, ha funcionado como un filtro necesario para asegurar que los estudiantes que ingresen a la universidad tengan al menos una base académica mínima para enfrentar el rigor de la educación superior. Al eliminarla, corremos el riesgo de inundar las aulas con estudiantes que, por más apoyo que reciban, no están preparados para los desafíos académicos que enfrentarán. Esto no solo afecta a los nuevos estudiantes, sino que también sobrecarga a los docentes y recursos universitarios, que ya están al límite de sus capacidades.
Además, esta medida parece ignorar completamente la realidad de los centros regionales. ¿Cómo se espera que estos centros, que ya están luchando con recursos limitados, manejen un aumento significativo en la matrícula? ¿Cómo se pretende ofrecer tutorías y apoyo psicopedagógico de calidad cuando en muchos de estos centros ni siquiera hay suficientes aulas o personal docente? Es fácil para las autoridades de CU prometer estas iniciativas desde sus oficinas en Tegucigalpa, pero son los estudiantes y el personal de los centros regionales quienes tendrán que lidiar con las consecuencias. Por otro lado, al eliminar la PAA, se envía un mensaje peligroso: que la calidad educativa es secundaria a la cantidad. En un país donde la educación superior ya enfrenta desafíos significativos en términos de calidad, esta medida solo exacerba el problema. ¿Cómo podemos esperar que nuestros graduados compitan a nivel nacional e internacional si no se les ha garantizado una educación de calidad desde el inicio? Es cierto que aumentar el acceso a la educación superior es un objetivo loable, pero no debe hacerse a expensas de la calidad educativa. La verdadera inclusión no se logra bajando los estándares, sino elevando a todos los estudiantes al nivel que necesitan para tener éxito. En lugar de eliminar la PAA, las autoridades universitarias deberían centrarse en fortalecer los programas de preparación para la prueba, mejorar la infraestructura y recursos de los centros regionales, y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de dónde estudien, tengan acceso a una educación de alta calidad.
Hago un llamado a las autoridades universitarias: si realmente desean ampliar el acceso a la UNAH, comiencen por resolver los problemas que ya existen. Aseguren que todos los centros regionales tengan los recursos que necesitan, que la infraestructura esté a la altura de las necesidades de los estudiantes, y que los docentes y el personal reciban el apoyo adecuado para desempeñar su labor. Solo entonces podremos hablar de una universidad verdaderamente inclusiva y de calidad. Es momento de dejar de lado las medidas populistas y adoctrinadoras que solo buscan ganar aplausos fáciles, y comenzar a trabajar en soluciones reales que beneficien a todos los estudiantes, no solo a aquellos que tienen la suerte de estudiar en Ciudad Universitaria. La educación es un derecho, pero también es una responsabilidad, y es hora de que nuestras autoridades lo entiendan.
