Por Ernesto Alvarado Reina
Un notable alcance administrativo y de ponderada eficiencia burocrática, frente a una significativa operación implica la salvaguardia de los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades absolutas o relativas de la población.
No podemos negar que, en Honduras, el actual Gobierno ha emprendido una visible persecución política, actuación empoderada obedeciendo a un ajuste y enlace como acción de una fementida e inaceptable actividad sectaria, y por consiguiente, conlleva el objetivo y la absurda pretensión, de abarcar a una porción determinada de miembros de un solo partido, al supuesto amparo de visos de ilegalidad, con el objetivo fundamental de volver a llegar, sin limitaciones, a la Primera Magistratura de la Nación.
La posición férrea, innecesaria e indeclinable de la cúpula del Partido Gubernamental quiere tomar ventaja y perjudicar a la mayoría de organizaciones laborales, sin importarle las consecuencias que se generen con tan improvisada como impensada inclinación y desfavorable objetivo; sin corresponder también, que la justicia se impone a lo señalado por cierto grupo de miembros de una institución de derecho público. La anticipación de un determinado grupo de irreverentes y desconocedores de la realidad nacional conduce a una situación indebida y una impensable aversión, dando paso a la desautorización y antipatía que, en lugar de sumar resta, por una razón insostenible que tiende a generar condiciones propicias para sembrar la intranquilidad, el divisionismo infecundo, la inseguridad, la no prosperidad, y algunas otras situaciones similares, contradiciendo los elementales cánones de paz social y el orden colectivo.
Es indispensable dejar sentado que existen ideas que se concretan en obras realizadas con la primordial finalidad de alcanzar un adelanto en las ciudades más importantes de Honduras y no digamos en las grandes porciones de nuestro país, que son apartados rincones los cuales no tiene acceso a la cultura, la instrucción, la salubridad, medicamentos y centros de instuccion que no pueden soslayarse, dados los motivos y las circunstancias que así lo ameritan. Por estas razones y algunas otras más, llegan recorriendo el camino de la dignidad, la decencia en los actos, la responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos, quienes tiene que preocuparse por lograr un eficiente avance sustancial en los campos del sector agrícola, ganadero, industrial, técnico, mecánico y otras ramas del saber humano. La labor administrativa debe de resplandecer dentro del libre y dificultoso camino que consiguen diligencias o prontitudes de servicio y que, por consiguiente, logran formar el quehacer efectivo de cualquier Gobierno.
La enorme cantidad de males sociales y de otra índole que han persistido a lo largo de la Historia Nacional, representan la cara triste y amarga del subdesarrollo. Sin embargo, este horizonte puede ser rebajado y bien, reducido tomando en cuenta siempre un interés patrio, un debido respeto por la ley y las instituciones públicas o privadas, refrendados a su vez, por la confianza y buena fama de los Gobernantes que supera la inseguridad, bajo la importancia y son una demostración de un clima de libertad y respeto, sin cortapisas o limitaciones.
Los obstáculos ominosos que impiden el buen funcionamiento de las entidades públicas o privadas se combaten con el esfuerzo y orgullo a manera de obligación o deber patrio que conduce paulatinamente a mejor los graves problemas que nos aquejan. La persecución política que lesiona las conquistas laborales o de los trabajadores no pueden seguir formando un panorama gris y oscuro en Honduras, sino que al contrario, la marcha de programas de convencimiento y resultados positivos son una genuina y ponderada señal que tiende a establecer nuevos mercados, servicios públicos efectivos, servicios favorables, centros penales ejemplares, labores de alcantarillado y recreación, limpieza de la ciudades, mejores incentivos o alicientes, condiciones de higiene, nuevas y mejores facilidades a los comerciantes; y por ende, son una satisfactoria solución para la inversión legal que se procura o intenta establecer como razonable conquista para la ciudadanía.
Un proceso sostenido y de auténtica transformación, implica una responsabilidad compartida.
