LA decisión de las autoridades de implementar operativos en carretera para practicar pruebas toxicológicas y de alcoholemia a motoristas del transporte pesado, llega en un momento en que la ciudadanía ya no tolera más excusas. Después de tantas tragedias viales, de tantos duelos acumulados, de tantas familias rotas por la imprudencia y el abuso, esta medida representa un mínimo acto de responsabilidad estatal frente a un problema que por años se dejó crecer sin control. La población, hay que reconocerlo, la recibe con alivio, incluso con esperanza, porque por fin se observa una señal de que la seguridad vial puede ser defendida con acciones concretas y no solo con palabrerío en los medios de comunicación.
Los resultados iniciales de estos operativos —positivos en consumo de alcohol y sustancias prohibidas entre motoristas de transporte pesado— no sorprenden a nadie. Más bien confirman lo que la ciudadanía ha denunciado durante años: que una parte del sector transportista opera bajo una cultura de impunidad, donde la negligencia se normaliza y donde el volante se convierte en un arma cuando quien lo sostiene no está en condiciones de hacerlo. La indignación social no es gratuita. Está alimentada por tragedias recientes que permanecen frescas en la memoria colectiva, como la volqueta desenfrenada que sembró caos y muerte en la colonia Villanueva, o el percance en Santa Bárbara que volvió a exponer la fragilidad de nuestras carreteras y la irresponsabilidad de quienes las transitan.
Lo más grave es que, pese a la magnitud de estos hechos, poco se sabe sobre el avance de las investigaciones. No hay claridad en cuanto a responsabilidades, sanciones o reformas derivadas de esos siniestros. La opacidad institucional se convierte así en un segundo atropello: uno contra la verdad y contra el derecho de las víctimas a la justicia. Cada tragedia se vuelve un expediente inconcluso, un caso que se diluye en la burocracia, un titular que dura unos días y luego desaparece sin que el país sepa qué cambió para evitar que vuelva a ocurrir.
En este contexto, los operativos actuales deben ser vistos no como un gesto aislado, sino como el inicio de una política sostenida. Porque la seguridad ciudadana no se garantiza con acciones esporádicas, sino con persistencia, rigor y voluntad política. Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué papel juegan los propietarios del transporte pesado en esta crisis? No basta con señalar al conductor que da positivo en una prueba; detrás de cada unidad circulando sin control hay una empresa, un dueño, un responsable administrativo que permite —o incluso incentiva— prácticas peligrosas. La presión por cumplir rutas, la falta de supervisión interna, la ausencia de protocolos de descanso y la tolerancia a conductas de riesgo forman parte de un sistema empresarial que también debe ser cuestionado.