LA reciente reaparición del caso Koriun en la conversación nacional originada en la misma “ciudad mártir” –llamada así desde que fue grotescamente devastada en 1974 por el Huracán Fifí–, es un recordatorio incómodo, pero necesario, de una vulnerabilidad social que Honduras no ha logrado enfrentar con la seriedad que merece. La advertencia del alcalde de Choloma sobre la proliferación de nuevos esquemas piramidales, sumada a la alerta tardía de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno que se repite con una facilidad alarmante: la estafa financiera como epidemia silenciosa que se propaga entre comunidades enteras, dejando tras de sí pérdidas económicas, fracturas familiares y una profunda sensación de desamparo.
El caso Koriun, que prometió ganancias rápidas y extraordinarias a casi 40 mil personas, no fue un accidente aislado. Fue la expresión más visible de un patrón que se ha instalado en el país: plataformas que se presentan como oportunidades de inversión, pero que en realidad operan bajo estructuras piramidales insostenibles, sin respaldo financiero, sin regulación y sin transparencia. Lo más preocupante es que, pese a la experiencia traumática que dejó Koriun, muchos de sus afectados han reincidido en esas nuevas plataformas, repitiendo el ciclo de ilusión, inversión y pérdida. La estafa se vuelve doble: primero por el engaño, luego por la esperanza de recuperar lo perdido.
¿Por qué ocurre esto? Porque estos modelos no solo apelan a la codicia, como suele simplificarse, sino también a la necesidad. En un país donde el empleo formal es insuficiente, donde el salario no alcanza y donde la movilidad social parece cada vez más lejana, la promesa de un ingreso rápido y “sin esfuerzo” se convierte en un anzuelo irresistible. Las pirámides financieras se alimentan de la desesperación, del desconocimiento y de la ausencia de educación económica básica. Y encuentran terreno fértil en comunidades donde la confianza interpersonal —el “me lo recomendó un vecino”, “ya entró mi primo”, “todos están ganando”— sustituye a la verificación mínima que cualquier inversión responsable debería exigir. La responsabilidad institucional también debe ser examinada con rigor. La CNBS ha emitido ahora advertencias que no emitió en el caso Koriun, cuando miles de hondureños ya estaban comprometidos en un esquema que mostraba señales evidentes de irregularidad. La supervisión financiera no puede ser reactiva ni selectiva. Debe ser preventiva, constante y pedagógica. No basta con alertar: es necesario investigar, sancionar y, sobre todo, educar. La ausencia de una respuesta oportuna no solo permite que estos modelos prosperen, sino que envía un mensaje peligroso: que la ciudadanía está sola frente a los riesgos del mercado informal de inversiones. Pero tampoco se puede delegar toda la responsabilidad al Estado. La sociedad hondureña necesita un cambio cultural profundo en su relación con el dinero, el riesgo y la promesa de riqueza fácil. La alfabetización financiera debe convertirse en una prioridad nacional, no como un lujo académico, sino como una herramienta de protección social. Entender conceptos básicos —rendimientos reales, riesgo, liquidez, respaldo, regulación— puede marcar la diferencia entre una decisión informada y una ruina anunciada. Los esquemas piramidales no solo vacían bolsillos: erosionan la confianza comunitaria, destruyen redes de apoyo y profundizan la sensación de injusticia. Cada estafa que se repite es una derrota colectiva. Por eso, el caso Koriun no debe recordarse solo como un escándalo, sino como una advertencia. Honduras no puede permitirse seguir aprendiendo a golpes. La prevención, la educación y la acción institucional coordinada son la única vía para romper este ciclo que tanto daño ha causado en los sectores más vulnerables.