El empresario explicó que, a diferencia de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno y que contempla eliminar regímenes de exoneraciones fiscales, el pacto fiscal se orienta a revisar qué tributos se quieren cobrar y cómo van a gastar por parte del Estado.
“Creo que los sectores quieren ver la manera en cómo se invierten esos recursos que pagamos, porque vemos que hay muchas decisiones que no van acorde a la realidad nacional”, indicó Facussé.
El empresario manifestó que, el Gobierno no está estimulando a los sectores que necesitan para dar un empuje económico al país.
Sectores como el agro, construcción de vivienda, energía y manufactura.
Aprobación sobre reforma tributaria
Facussé abogó al Gobierno, que en lugar de elevar la tensión por el tema de la Ley de Justicia Tributaria, abra espacios de diálogo.
Tanto el sector privado como el público, y asumir juntos compromisos por el bien de Honduras.
La discusión de la reforma tributaria “es un proceso lleno de polarizado y confrontativo”, enfatizó.
Además menciono que, la falta de entendimiento está causando una caída en la credibilidad en el país de la inversión.
Asegura que esa caída aleja la inversión y el resultado final es preocupante.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortes (CCIC), reiteró el llamado del sector privado al Gobierno para buscar consensos mínimos antes de que el Congreso Nacional apruebe la ley.
“No dudamos que se tengan los votos para aprobar la ley, pero el daño que va a causar a nuestro país, sería un retroceso que realmente va a opacar cualquier avance que se logre en el tema tributario”, advirtió.
Al mismo tiempo, Eduardo Facussé recordó que es la empresa privada la que más genera inversión en Honduras.
En 2022 el sector privado invirtió 149 mil millones de lempiras, mientras el sector público apenas generó 19 mil millones.
Derecho a protesta
Facussé reiteró que es “desacertado” el llamado de la presidenta Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para investigar a quienes promovieron la protesta en Choluteca.
El derecho a la manifestación pacífica está protegido por la Constitución de la República, recordó Facussé.
La protesta se llevó a cabo el 9 de mayo por parte de empleados de empresas camaroneras, meloneras y de ocra.
Según el Gobierno, es “manipulada y financiada” por lo que realiza una investigación, y con medios probatorios deducir responsabilidades y ejecutar acciones conforme a ley.
Lea también: Cohep pide convocar a un diálogo nacional para acuerdo de Ley Tributaria
Al respecto, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó de “provocativas” las acciones del Gobierno.
Lo anterior, porque la protesta se realizó de manera pacífica, contrario a las que hizo el partido Libre 12 años antes de llegar al poder y que a ellos “no se les investigó”.