Tegucigalpa, Honduras. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, afirmó que uno de los primeros efectos de la recién aprobada Ley de Justicia Energética será evitar que los consumidores hondureños enfrenten incrementos en la tarifa de energía eléctrica durante los primeros meses de aplicación de la normativa.
La legislación fue aprobada la noche del lunes 31 de agosto con 78 votos a favor y plantea una transformación integral del subsector eléctrico, con disposiciones dirigidas a atender los problemas financieros y operativos que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Ledezma explicó que la normativa establece un mecanismo para impedir que cualquier incremento tarifario recaiga inicialmente sobre los usuarios.
Según el legislador, si durante los primeros seis meses se determina un aumento que deba aplicarse a la tarifa, el Gobierno asumiría mediante subsidio el impacto correspondiente. Este mecanismo podría extenderse por otros seis meses si las condiciones lo requieren.
Primer efecto será contener la tarifa
Para el secretario del Legislativo, la protección temporal de los consumidores constituye uno de los resultados inmediatos de la nueva legislación, mientras se ponen en marcha las transformaciones estructurales contempladas.
La medida busca dar estabilidad a los hogares y demás usuarios del servicio eléctrico durante el período inicial de implementación de la reforma.
Sin embargo, el verdadero impacto de la normativa dependerá de la capacidad del Gobierno y de la ENEE para ejecutar las medidas previstas en los plazos establecidos y atender los problemas financieros que arrastra la estatal.
Licitaciones para comprar energía
Ledezma también destacó como uno de los cambios relevantes la obligación de realizar mediante procesos de licitación las nuevas compras de energía eléctrica.
El objetivo, explicó, es reducir el margen para contrataciones directas y establecer procedimientos que permitan una mayor transparencia, competencia y planificación en la adquisición de energía y potencia.
La reforma contempla que la ENEE deberá avanzar en los procesos de licitación dentro de los plazos establecidos por la nueva legislación, como parte de la estrategia para modificar la forma en que se realizan las compras en el sector.
Reforma contempla medidas a corto, mediano y largo plazo
De acuerdo con el secretario del Congreso, la Ley de Justicia Energética no se limita al congelamiento temporal de la tarifa, sino que incorpora una serie de disposiciones destinadas a producir cambios progresivos en el sistema.
Entre los componentes de la reforma figuran la reorganización de la ENEE en las áreas de generación, transmisión y distribución, mecanismos relacionados con las deudas de determinados usuarios y municipalidades, incentivos para sistemas de generación solar y medidas para enfrentar el hurto de electricidad.
La normativa también establece que los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de la ENEE deberán ser respetados durante el proceso de reorganización.
Congreso destaca respaldo de las bancadas
Ledezma resaltó además que diputados de las cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional participaron en la votación de la iniciativa, que finalmente obtuvo 78 votos favorables.
El respaldo legislativo abre ahora la etapa de implementación de la reforma, una fase en la que deberán definirse los mecanismos administrativos, financieros y técnicos necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones.
La ley entrará en aplicación una vez que se cumpla el proceso correspondiente de publicación y entrada en vigencia.
El reto: que la reforma se traduzca en beneficios
Aunque el Congreso destaca el congelamiento temporal de las tarifas como uno de los beneficios inmediatos, la sostenibilidad de la medida dependerá de las condiciones financieras del sistema eléctrico y de la capacidad del Estado para cubrir eventuales subsidios.
A mediano y largo plazo, la apuesta está puesta en la reorganización de la ENEE, la transparencia en las compras de energía y el fortalecimiento de las finanzas de la estatal.
Para Ledezma, la expectativa es que el conjunto de medidas permita mejorar gradualmente el funcionamiento del sistema eléctrico y generar mejores condiciones para los consumidores hondureños.
La implementación de la nueva legislación determinará ahora si los objetivos planteados por el Congreso se convierten en resultados concretos para la población.