Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 31 de agosto la denominada Ley de Justicia Energética, una reforma que introduce cambios de fondo en el funcionamiento del subsector eléctrico hondureño y establece nuevas reglas para las tarifas, la contratación de energía, las deudas de usuarios y municipalidades y la organización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La aprobación ocurrió después de una extensa jornada de discusión y dejó como uno de los principales efectos inmediatos el congelamiento temporal de la tarifa eléctrica. De acuerdo con lo informado durante la sesión, la iniciativa fue aprobada con 78 votos, incluidos los 49 de la bancada del Partido Nacional y 29 de diputados de otras bancadas.
La reforma llega en un momento en que el sector eléctrico enfrenta importantes desafíos financieros y operativos. La CREE había aprobado para julio de 2026 una estructura tarifaria que estableció, entre otros valores, un precio de energía residencial de L4.9706 por kWh para los primeros 50 kWh y L6.4680 para los siguientes kWh.
Tarifa quedará congelada por seis meses
Uno de los puntos de mayor impacto para los consumidores establece que la tarifa aplicada en el último recibo generado no podrá incrementarse durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la normativa.
El período de congelamiento podrá extenderse por otros seis meses conforme a las disposiciones establecidas en la ley. La medida busca brindar estabilidad temporal a los usuarios mientras se implementan los cambios estructurales del sistema eléctrico.
La aprobación de esta disposición se produce después de que durante 2026 la CREE realizara ajustes trimestrales al pliego tarifario de la ENEE, conforme al comportamiento de los costos del sistema.
ENEE será reorganizada en tres áreas
La nueva legislación plantea una separación de las principales actividades de la estatal eléctrica en tres subsidiarias: generación, transmisión y distribución.
Estas empresas permanecerán bajo el control de la ENEE Matriz y el Estado conservará el 100 % de las acciones, de acuerdo con el texto aprobado. La intención es separar las funciones operativas de la estatal sin transferir la propiedad de sus activos estratégicos.
El modelo busca establecer una estructura empresarial diferenciada para cada segmento del sistema eléctrico: producir la energía, transportarla mediante las redes de transmisión y finalmente distribuirla a los consumidores.
La discusión legislativa estuvo marcada, sin embargo, por cuestionamientos de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados expresaron preocupación por los cambios corporativos y sus posibles efectos sobre la propiedad y el futuro de la estatal.
Los sectores que respaldaron la reforma rechazaron que la medida implique una privatización y señalaron que el Estado mantendrá el control total.
Condonación de deudas para determinados usuarios
Otro de los componentes de la reforma contempla la condonación de determinadas deudas acumuladas por usuarios residenciales que registren un consumo promedio mensual de hasta 250 kWh, siempre que cumplan los requisitos establecidos y que la deuda exista al momento de entrada en vigencia de la ley.
El beneficio incluye saldos pendientes y cargos asociados, pero estará sujeto a una revisión del historial de consumo y a verificaciones técnicas. Además, se contempla como un beneficio por única vez para un solo servicio residencial.
La medida pretende beneficiar principalmente a hogares con menores niveles de consumo que arrastran obligaciones pendientes con la estatal.
Municipalidades también tendrán mecanismos de alivio
La reforma contempla medidas específicas para las municipalidades con deudas acumuladas por consumo eléctrico.
Las corporaciones municipales comprendidas en las categorías establecidas por la normativa podrán acceder a mecanismos de condonación de sus obligaciones acumuladas, mientras que otras municipalidades tendrán la posibilidad de negociar sus saldos y establecer planes de pago.
La normativa también establece mecanismos para asegurar que los nuevos consumos sean atendidos mediante esquemas de pago que reduzcan la acumulación de nuevas deudas.
Se eliminan las compras directas como regla para adquirir energía
Uno de los cambios centrales de la reforma corresponde a la contratación de potencia y energía.
La ENEE y las empresas distribuidoras deberán realizar las nuevas adquisiciones mediante procesos de licitación pública, mientras que la contratación directa y otros mecanismos destinados a evadir la competencia quedan restringidos.
La legislación también contempla la utilización de subastas inversas cuando resulten técnica, económica y jurídicamente convenientes.
La primera licitación deberá iniciarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto y tendrá que concluir en un plazo máximo de un año.
El objetivo es establecer procedimientos más competitivos y transparentes para la contratación de nueva energía y potencia, uno de los aspectos que durante años ha generado debate alrededor de la estatal eléctrica.
Incentivos para sistemas solares residenciales
La reforma incorpora disposiciones relacionadas con la generación de energía mediante fuentes renovables.
Los hogares podrán acceder a beneficios fiscales para adquirir determinados equipos destinados a sistemas solares residenciales, mientras que los usuarios podrán producir energía para cubrir total o parcialmente su propio consumo.
La normativa también contempla mecanismos para la remuneración de los excedentes que sean inyectados a la red, de acuerdo con las reglas que correspondan.
Trabajadores conservarán derechos adquiridos
La reorganización de la ENEE no supone la eliminación de los derechos laborales adquiridos.
Los trabajadores que sean trasladados a las nuevas estructuras empresariales conservarán los beneficios establecidos en el contrato colectivo vigente, según las disposiciones aprobadas.
Con ello, el proceso de transformación institucional busca modificar la organización empresarial sin desconocer las obligaciones laborales existentes.
Tres meses para regularizar conexiones irregulares
La legislación también abre un período extraordinario para que los usuarios con conexiones ilegales, medidores alterados u otras irregularidades puedan regularizar voluntariamente su servicio.
El plazo establecido es de tres meses. Durante ese período, quienes subsanen las irregularidades conforme a los requisitos podrán acogerse al mecanismo de regularización contemplado por la ley.
Una vez vencido el plazo, podrán aplicarse las medidas administrativas, civiles y penales correspondientes frente al hurto o fraude eléctrico.