Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 31 de agosto la Ley de Justicia Energética, una reforma de 37 artículos que modifica diferentes aspectos del sistema eléctrico hondureño y establece nuevas reglas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los consumidores y la contratación de energía.
La aprobación se produjo tras un extenso debate y, según lo informado por el Congreso Nacional, contó con 78 votos a favor. El nuevo marco legal busca reorganizar la estatal eléctrica, mejorar la eficiencia del sistema y establecer mecanismos para enfrentar problemas como las pérdidas, el endeudamiento y el hurto de energía.
Estos son los principales cambios:
Congelamiento temporal de la tarifa
La reforma establece que la tarifa aplicada en el último recibo generado a los usuarios no podrá incrementarse durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El período podrá ser prorrogado por otros seis meses bajo las condiciones establecidas en la normativa.
Reorganización de la ENEE
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica será reorganizada mediante estructuras diferenciadas para generación, transmisión y distribución.
Las nuevas empresas funcionarán como subsidiarias de la ENEE Matriz y el Estado conservará el 100 % de las acciones. La reforma establece además que los activos estratégicos permanecerán bajo propiedad de la ENEE Matriz.
El Congreso ha sostenido que este proceso no constituye una privatización de la estatal eléctrica.
Condonación de determinadas deudas residenciales
La normativa contempla la condonación de deudas acumuladas para determinados usuarios residenciales de bajos recursos que cumplan los requisitos establecidos.
El texto final fija como referencia un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh). El beneficio incluye determinados saldos, recargos, intereses y multas asociados, sujeto a verificación por parte de la ENEE.
La medida será aplicable una sola vez y para un único servicio residencial.
Alivio para deudas de municipalidades
Las municipalidades comprendidas en las categorías establecidas por la ley podrán acceder a mecanismos de condonación de sus obligaciones acumuladas por consumo eléctrico.
Para otras corporaciones municipales se contemplan mecanismos de conciliación y planes de pago con la ENEE.
Nuevas compras de energía deberán licitarse
Uno de los cambios centrales establece que la adquisición de potencia firme y energía deberá realizarse mediante licitaciones públicas.
La reforma restringe las contrataciones directas y otros mecanismos utilizados para evitar procesos competitivos, salvo las excepciones expresamente contempladas por la legislación.
También se contempla la posibilidad de utilizar subastas inversas cuando sean convenientes.
La ENEE deberá iniciar el proceso de licitación correspondiente dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y concluirlo dentro del plazo establecido.
Incentivos para generación solar residencial
La reforma incorpora beneficios para los hogares que instalen sistemas de generación solar.
Los equipos destinados a estos sistemas podrán acceder a exenciones tributarias conforme a los requisitos que establezca la normativa correspondiente.
Además, los usuarios podrán generar electricidad mediante fuentes renovables para cubrir total o parcialmente su consumo y entregar excedentes a la red bajo los mecanismos de remuneración establecidos por el regulador.
La CREE ya cuenta con regulación vigente relacionada con usuarios autoproductores y la remuneración de inyecciones de energía renovable.
Se mantienen los derechos de los trabajadores
La reorganización de la ENEE no elimina los derechos laborales adquiridos.
Los trabajadores que sean trasladados a las nuevas estructuras deberán conservar los beneficios reconocidos mediante el contrato colectivo vigente, de acuerdo con las disposiciones aprobadas.
Tres meses para regularizar conexiones irregulares
La ley establece un período excepcional para que usuarios con conexiones ilegales, alteraciones de medidores u otras irregularidades puedan regularizar voluntariamente su servicio.
El plazo será de tres meses.
Una vez concluido ese período, las autoridades podrán aplicar las acciones administrativas, civiles o penales correspondientes frente al hurto o fraude eléctrico.
ENEE deberá informar sobre su deuda histórica
La estatal tendrá un plazo de 120 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar al Congreso Nacional un informe sobre su deuda histórica.
El documento deberá elaborarse conjuntamente con la Secretaría de Finanzas e incluir un plan estratégico para atender esas obligaciones.
Planificación frente a riesgos para la generación
La reforma también ordena fortalecer la planificación preventiva y ampliar la matriz energética para disminuir la vulnerabilidad del sistema frente a fenómenos que puedan afectar la generación, como períodos de sequía.
La intención es reducir el riesgo de problemas de suministro derivados de una dependencia excesiva de determinadas fuentes de generación.
Los activos estratégicos permanecerán bajo control estatal
La normativa establece restricciones para disponer de las acciones de las subsidiarias y establece que la participación estatal no podrá reducirse por debajo del 100 % bajo las condiciones señaladas en el decreto.
Con ello, la estructura aprobada busca separar las actividades de la ENEE sin transferir la propiedad de sus activos estratégicos a terceros.
¿Cuándo comienza a aplicarse?
El decreto establece que la Ley de Justicia Energética entrará en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
A partir de entonces comenzarán a correr varios de los plazos contemplados en la reforma, entre ellos los relacionados con la reorganización institucional, las licitaciones de energía, la regularización de conexiones y el informe sobre la deuda histórica de la ENEE.
La nueva legislación abre así una etapa de transformación para el sistema eléctrico hondureño. El principal desafío será llevar las disposiciones del papel a la práctica y determinar si las medidas logran mejorar la situación financiera y operativa de la ENEE, reducir las pérdidas y ofrecer un servicio más eficiente y accesible para los usuarios.