Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) valoró la aprobación de la Ley de Justicia Energética, pero advirtió que la entrada en vigor de la normativa no representa el final de la crisis del sector eléctrico, sino el comienzo de una etapa que deberá estar marcada por transparencia, cumplimiento de plazos y resultados verificables.
La organización, a través de su iniciativa Potencia Honduras, consideró que la aprobación de la reforma constituye un paso relevante después de más de dos décadas de problemas acumulados en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre pérdidas de energía, endeudamiento y dificultades en la prestación del servicio.
La normativa fue aprobada la noche del lunes 31 de agosto por el Congreso Nacional con 78 votos y contempla una transformación de la estructura de la estatal eléctrica, además de medidas dirigidas a los usuarios.
ASJ: “Esto no es la meta, es el punto de partida”
Para la organización de sociedad civil, uno de los principales retos ahora será pasar de la aprobación legislativa a una implementación efectiva.
La nueva legislación establece una ruta para reorganizar la ENEE y separar sus actividades de generación, transmisión y distribución, manteniendo la propiedad estatal mediante una estructura de ENEE Matriz. También contempla nuevas reglas para la contratación de energía y la operación del mercado eléctrico.
ASJ sostiene que cada etapa debe desarrollarse bajo criterios técnicos y con mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer los avances y resultados.
Entre los procesos pendientes se encuentran la elaboración de reglamentos, la conformación de las nuevas estructuras institucionales, la organización del operador del sistema y mercado, así como el desarrollo de futuras licitaciones de energía.
La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, según establece su artículo 37.
Pérdidas eléctricas siguen siendo el principal desafío
La advertencia de ASJ se produce en medio de una situación financiera compleja para la ENEE.
Un informe de Potencia Honduras y ASJ publicado en agosto señaló que las pérdidas de energía representaban una de las principales causas del deterioro financiero de la estatal. Entre enero y julio de 2026, las pérdidas fueron estimadas en L8,469 millones, equivalentes al 65 % del déficit operativo reportado por la organización.
El mismo informe indicó que la ENEE acumulaba un déficit de L11,187 millones hasta julio y que el Estado había colocado L10,250 millones en bonos durante 2026 para financiar parte de las necesidades de la estatal.
ASJ también ha advertido que las pérdidas del sistema rondan el 35 %, una situación que, a su criterio, requiere una transformación estructural y no únicamente medidas aisladas.
Alivios para usuarios deberán ser transparentes
Uno de los componentes que ASJ respalda son las medidas de alivio contempladas en la nueva legislación para determinados usuarios.
La reforma incluye beneficios para hogares de bajo consumo, mecanismos de apoyo para municipalidades con dificultades fiscales y un período de regularización para usuarios que se encuentren en situación irregular.
Sin embargo, la organización considera necesario que la aplicación de estos beneficios pueda ser auditada y conocida públicamente.
Entre los datos que propone monitorear están el número de hogares beneficiados, los montos condonados y la cantidad de medidores instalados durante los procesos de regularización.
Piden combatir el hurto de energía sin distinciones
Otro de los puntos planteados por ASJ es la necesidad de aplicar las medidas contra el hurto de electricidad de manera equitativa.
La organización sostiene que la fiscalización debe alcanzar tanto a usuarios de bajos ingresos como a grandes consumidores que incurran en conexiones irregulares o manipulación de medidores.
Según un análisis de Potencia Honduras, las pérdidas no técnicas relacionadas con hurto, conexiones clandestinas y manipulación de medidores representan un impacto económico considerable para el sistema.
Por ello, ASJ plantea que la aplicación de la ley debe realizarse bajo las mismas reglas para todos los usuarios, con énfasis en resultados medibles y rendición de cuentas.
Una reforma que ahora deberá demostrar resultados
La Ley de Justicia Energética modifica 37 artículos y establece una nueva hoja de ruta para el sector eléctrico hondureño. Entre sus disposiciones también figura un plazo de 120 días para que la ENEE presente un informe sobre su deuda histórica y un plan estratégico para atenderla.
Para ASJ, el éxito de la reforma dependerá menos de su aprobación y más de la capacidad de las instituciones para ejecutarla correctamente.
La organización anunció que continuará dando seguimiento público a las distintas etapas de implementación mediante Potencia Honduras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos y promover que las decisiones sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos, transparencia y rendición de cuentas.
La aprobación de la ley marca así el inicio de una nueva etapa para la ENEE, pero también abre el desafío de demostrar que los cambios legislativos pueden traducirse en menores pérdidas, una institución financieramente sostenible y un servicio eléctrico más confiable para los hondureños.