Actualmente más de 400 proyectos productivos permanecen en suspenso debido a la mora que enfrenta la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en la emisión de licencias ambientales.
Esta parálisis no solo retrasa inversiones millonarias, sino que posterga la generación de empleos y el desarrollo de sectores estratégicos para el país. En este contexto, la propuesta de una ley especial que permita agilizar dichos procesos merece una discusión objetiva, alejada de prejuicios ideológicos y enfocada en su potencial para dinamizar la economía sin sacrificar los principios de sostenibilidad y participación ciudadana.
Contrario a lo que algunos sectores han manifestado, el proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso Nacional no elimina ni reduce los requisitos técnicos de cumplimiento ambiental.
Lo que propone, en esencia, es la creación de un mecanismo administrativo especial, excepcional y simplificado para la emisión, modificación o renovación de licencias. Pero es fundamental aclarar que no se trata de una licencia “exprés”, sino de una licencia operativa, es decir, una autorización temporal que permite avanzar con ciertas actividades bajo la responsabilidad del titular y del consultor ambiental, mientras se culmina el proceso técnico para la obtención de la licencia ambiental definitiva.
Esta figura ya existe en la práctica internacional y está orientada a destrabar procesos sin sacrificar el cumplimiento normativo. La propuesta reconoce explícitamente que todas las licencias están sujetas a suspensión o revocación si no se cumple con las medidas de control ambiental, lo que desmonta el argumento de que se trata de una “ley de impunidad ambiental”.
Además, los proyectos prioritarios bajo este esquema deben cumplir criterios de impacto económico, innovación, sostenibilidad y utilidad pública, entre ellos la generación de empleo, el fortalecimiento de sectores como energía limpia, vivienda social, turismo sostenible o infraestructura, y el alineamiento con planes nacionales de desarrollo.
El enfoque de la ley es pragmático. En vez de perpetuar un cuello de botella institucional, se apuesta por responsabilizar a los titulares de los proyectos y acelerar los tiempos administrativos, a través de la reorganización interna de SERNA, la contratación temporal de técnicos y el uso de una tasa especial para fortalecer capacidades operativas.
De aprobarse, podría convertirse en una herramienta eficaz para enfrentar el subdesarrollo desde una visión estratégica del Estado. Hoy más que nunca, Honduras necesita inversión. Claro, no inversión a cualquier costo, sino inversión con reglas claras, plazos definidos, y exigencias ambientales estrictas y ejecutables.
El proyecto de ley no elimina controles, pero sí rompe con una burocracia que muchas veces no protege el ambiente, sino que posterga el progreso. El verdadero desafío ambiental en Honduras no es la existencia de normas, sino la ineficiencia en su aplicación. La aprobación de esta ley sería un paso en la dirección correcta, es decir, un Estado que actúa con diligencia, sin dejar de ser garante del bien común.
Quienes se oponen al proyecto deben ser escuchados, sobre todo si señalan con precisión las disposiciones del proyecto podrían disminuir los estándares ambientales vigentes, pues no basta con afirmar, sin evidencias o argumentos técnicos, que este “debilita la normativa ambiental”.
En cambio, el país sí puede constatar, con cifras, casos y consecuencias sociales, los costos de la mora actual: empleos no creados, servicios no mejorados, miles de millones en inversiones que terminan haciéndose en países donde la respuesta administrativa es ágil. La protección ambiental y el desarrollo económico no son mutuamente excluyentes; al contrario, son interdependientes.
Sin empleo digno y crecimiento productivo, no hay base social ni política para una verdadera agenda ambiental. Y sin respeto al entorno, cualquier crecimiento se vuelve insostenible. Honduras enfrenta retos enormes en materia ambiental, pero buena parte de los daños no proviene de inversiones o industrias supervisadas, sino de la violación de las leyes ambientales por particulares o grupos que ni piden permiso ni gestionan licencias ambientales.
Desde una perspectiva técnica, consideramos que esta ley no debilita el rol del Estado como garante de la protección ambiental, sino que optimiza su capacidad institucional para responder con eficiencia y oportunidad.
La discusión debe orientarse a la calidad de su reglamentación e implementación, asegurando el debido proceso, la trazabilidad de las decisiones y la integridad técnica de los estudios, en lugar de bloquear una herramienta que, bien aplicada, podría generar un equilibrio virtuoso entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
