“NO hubo fraude”. Contundente, palmario el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Avalado por gente seria, técnicos y expertos que presenciaron desde el inicio hasta el final todo el proceso eleccionario, tan detallado y categórico, cómo para ser rebatido por la charlatanería criolla o el ruido cerril de perdedores inconformes. Si bien otros han prestado más atención a las recomendaciones, lo cierto es que por amablemente que se reciba cualquier sugerencia externa, cada país es distinto, en idiosincrasia, contexto político y naturaleza, por lo que acá no encajaría ningún sistema electoral copiado de afuera, o parecido a ningún otro país, menos cuando no hay uno de ellos que pueda ofrecer un recetario como ejemplo perfecto del suyo. Basta –si bien es susceptible de mejoría– la admisión de la misma MOE EU: “El marco jurídico –se refiere al hondureño– proporciona una base generalmente aceptable para la celebración de elecciones democráticas y se acopla a los compromisos internacionales”.
Discrepamos del peregrino criterio de otros que hoy ven la reforma electoral recién aprobada en el Congreso Nacional por mayoría calificada –conducente a otorgar licencia a las consejeras– como una especie de regalo. Como si no fuese a ellas que la ciudadanía hondureña, en mucho debe la tranquilidad de unas elecciones impecables –pese a todo el hostigamiento en su contra, atajando repetidos intentos de dinamitar el proceso electoral como sabotear la declaratoria– cuando en todo momento, Constitución en mano, protegieron con celo patriótico la juridicidad, la democracia y la alternancia en el ejercicio del poder. Ingratitud, y de las peores, sería no reconocer todo el riesgo que sufrieron –físico y anímico, a su buen nombre e imagen– no solo personal sino de sus hijos (as), en el sacrificado empeño de evitar un rompimiento del orden legal, amenazado por esas fuerzas oscurantistas que la misma MOE UE, denuncia en su informe: “Además, el uso de las autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de los representantes de Libre contra los compañeros del CNE y del TJE –para iniciar acciones legales políticamente motivadas– socavó la eficacia y la autonomía de estas instituciones electorales”. “Surgieron rumores creíbles –fragmento del informe MOE UE– sobre una posible orden de detención contra la presidenta del CNE y la consejera por el PNH, poniendo en peligro la conclusión del proceso electoral y obligándolas a esconderse y a realizar sus actividades profesionales en línea”. “La injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas –dice la MOE UE– en la vida política del país, en particular su intención de obtener las actas de resultados presidenciales y sus continuos desafíos a la autoridad del CNE fue motivo de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución de la República de Honduras establece la separación de las Fuerzas Armadas de la política”. “Sin embargo, tras la jornada electoral, la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas que fue nombrada cambió de actitud y respetó los límites constitucionales de su mandato, facilitando la labor del CNE”. “A pesar de las objeciones de la mayoría de los diputados, el presidente del Congreso constituyó la Comisión Permanente el 31 de octubre, con la responsabilidad de ocuparse de los asuntos parlamentarios durante el receso a su vez que se insinuaba su posible papel en la proclamación de los resultados electorales”.
Dicho lo anterior, ese menosprecio a esa titánica labor –que ningún perico de los palotes hubiese osado realizar– asumido por las consejeras –en otras palabras, el descaro de proponer que renuncien– es desconocer que la Fiscalía arbitrariamente, desconociendo la autonomía e independencia del ente electoral no subordinado a ningún otro poder, tiene abiertas investigaciones en su contra, con intención de abrir causas por la vía penal. Otro abuso ya que el principio de “última ratio” en derecho penal establece que la justicia penal es el último recurso del Estado. El fuero político como prerrogativa garantista constitucional –mientras funjan como consejeras del CNE– reconocido por la Sala Constitucional pronunciándose sobre el amparo interpuesto por la consejera presidenta, dictando medidas cautelares, es lo que las protege de semejante despropósito. ¿Cuál es el antojo del egoísmo malagradecido? ¿Que después de dar lo que dieron por el país, a su estabilidad y paz interna, fueran ahora nuevamente objeto de abusiva persecución? (Otro dato del informe de la MOE UE: –tercia el Sisimite– “El CNE anunció los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en base al 34% de las actas recibidas a través del TREP cuatro horas después del cierre de las urnas, es decir, una hora después del plazo legal de tres horas. Tanto los partidos políticos como los observadores electorales tuvieron acceso a los resultados de las JRV, lo que contribuyó a la transparencia y trazabilidad de los resultados electorales”. -Y otro: –ilustra Winston– “Los resultados de las elecciones presidenciales se anunciaron el 24 de diciembre, basados en el 98.2% de las actas de resultados”. Y lo minúsculo que no se pudo contar, fue debido al contubernio, políticamente motivado por jefes superiores, de los representantes de partidos políticos en el escrutinio especial, que sabotearon el proceso de revisión, incluso dejando un montón de actas en cero –atropellando el derecho al voto del ciudadano, y quitando votos al candidato que querían perjudicar– lo que a todas luces es el delito electoral que la Fiscalía – si fuese imparcial– debiese perseguir).