ERNESTO ALVARADO REINA
La diversidad de posibilidades, las oportunas ocurrencias, las aptitudes para regularizar ideales, brotan como caudal categórico y efectivo, centralmente a modo de genuina calidad de fuerza educativa en carácter de precisión y refinado uso del idioma, pregonado por ciertos políticos, que buscan, en definitiva, lograr mediante acciones, un legítimo y probado bienestar para el pueblo.
Sin lugar a dudas, una obra de trascendental importancia se yergue portentosa, dentro de un proceso económico y social para la formulación y posterior cumplimiento del mandato imperioso de protección general, como un derecho y un deber ineludible de los gobernantes. Un país enmarcado por la cualidad de ser denominado un lugar en vías de crecimiento económico y social relativos, urge de la elaboración de un programa representativo y democrático que personifique un logro significativo de amplios y variados alcances.
La violencia es envolvente y de grandes proporciones, que, organizada con amplios y arduos ejercicios, operaciones y técnicas empleadas, son motivo de alta preocupación, pero sin lograr los mandos policiales, obtener los deseados resultados positivos.
Se cometen toda clase de vejámenes, violaciones a la ley, crímenes, intimidación y violencia contra los niños y las mujeres, sin embargo, en su gran mayoría quedan sin castigo los responsables, cómplices y encubridores.
La seguridad de la colectividad hondureña es una obligación prioritaria y un indefinible procedimiento de cuidado público.
Las operaciones o acciones de perfilado y protección oficial son prevención, mantenimiento y elevación existente de las autoridades, venciendo los escollos, riesgos o peligros que deben superarse de manera paulatina, segura e inequívoca, para borrar los odiosos males y las secuelas dejadas por los hechores o malvivientes, cuyo castigo debe ser un ejemplo de cumplimiento de la ley, mantenimiento del orden y provechoso ejercicio de la autoridad.
La efectiva regulación, la especial atingente acción de resguardo dentro de las posibilidades existentes, arropando y cubriendo todas las ciudades y el campo son un paliativo de aminoración, manteniendo el bienestar y tranquilidad de la colectividad hondureña.
La ley, orden y autoridad son categorías necesarias a cumplir dentro del régimen de Estado de Derecho.
Hay que buscar la superación de las realidades actuales, en la satisfacción de las necesidades históricas existentes, con servicios de calidad, penetrando profundamente con las unidades de seguridad y protección en los rincones más apartados de la geografía nacional, donde subsisten los ciudadanos más humildes que forman un especial escondrijo representativo de una mayor atención y servicio en todas las áreas de los quehaceres humanos y sociales.
Se tiene que implementar mecanismos contra la corrupción con el empleo de una Contraloría General, que implica la participación del pueblo, alcanzado una responsabilidad firme con el manejo de los caudales del Estado, mediante una estricta supervisión y delicada vigilancia de los fondos públicos. Los controles son parte de la estructura general del Gobierno.
Los enjambres multifacéticos de la putrefacción o corrupción, la impunidad o falta de castigo a los culpables y la disminución de otros males generales, son exigentes reclamos de cambio por parte del pueblo hondureño en la búsqueda de su verdadera identidad.
Hay que cambiar el rumbo del país dentro los cánones o ingenios de la democracia funcional, participativa y republicana.
Todo sea por la patria, la cultura y el bienestar de Honduras.
