La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció este jueves sobre el retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández, previsto para este domingo a las 9:00 de la mañana.
Castellanos enfatizó que el regreso del exmandatario no representa una victoria personal, sino una prueba clave para las instituciones de justicia de Honduras.
“El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo. Usted va a retornar a Honduras y tiene todo el derecho a que se le respete el debido proceso, pero no se equivoque, su regreso no será una victoria, será un examen, y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño”, declaró Castellanos.
La directora del CNA añadió que Hernández conoce mejor que nadie el sistema judicial, ya que lo dirigió y utilizó durante su gobierno.
“Hoy lo vuelve a poner a prueba. Un sistema capaz de olvidar muy rápido cuando el investigado pertenece a la clase política, capaz de actuar con una velocidad que miles de hondureños jamás conocerán, incluso capaz de suspender órdenes de captura como resultado de un privilegio reservado solo para quienes parecen ser intocables”, señaló.
Castellanos recordó que el retorno de Hernández no borra los casos de corrupción que marcaron su administración, entre ellos el caso Pandora 2, la tasa de seguridad y la reelección ilegal.
“Hace años, desde el Consejo Nacional Anticorrupción, hicimos una pregunta que lo incomodó: ¿Dónde está el dinero? Hoy esa interrogante continúa siendo la misma, porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país”, afirmó.
La ejecutiva del CNA concluyó haciendo hincapié en la necesidad de igualdad ante la ley: “La pregunta ya no es: ¿Qué hará Juan Orlando Hernández? La pregunta es otra: si cualquier otro ciudadano hubiera estado en la misma situación, ¿habría recibido exactamente el mismo trato? A partir del domingo no será él quien esté siendo observado, será la Corte Suprema de Justicia, será el Ministerio Público y será todo el aparato estatal que hoy tiene la obligación de demostrar si la ley se aplica con la misma firmeza para todos”.