Tegucigalpa, Honduras. La instalación de cámaras de videovigilancia que vecinos de la colonia Óscar Calidonio habían financiado con sus propios recursos terminó en el retiro de varios equipos por parte de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), una medida que generó inconformidad entre los residentes del sector.
De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, los dispositivos habían sido colocados como una herramienta comunitaria para reforzar la vigilancia y prevenir robos, asaltos y otros hechos delictivos que, según los habitantes, mantienen preocupados a quienes viven en la zona.
Las autoridades policiales argumentaron que la instalación de este tipo de equipos en espacios públicos o sobre postes del tendido eléctrico debe cumplir con las disposiciones correspondientes y contar con las autorizaciones requeridas. Por ello, recomendaron a los residentes instalar los sistemas dentro de los límites de sus propiedades y viviendas.
El caso ocurre en medio de recientes aclaraciones de la Policía Nacional sobre el uso de cámaras de seguridad en Honduras. La institución ha reiterado que los ciudadanos sí pueden instalar estos dispositivos en sus viviendas y negocios con fines legítimos, pero ha advertido sobre la colocación de equipos en postes, calles y otros espacios públicos sin autorización.
La situación ha provocado preocupación entre los habitantes de la colonia Óscar Calidonio, quienes aseguran que las cámaras representaban un esfuerzo colectivo para proteger sus hogares y que fueron adquiridas con dinero aportado por los propios vecinos.
Los residentes consideran que el retiro de los equipos podría dejarlos más expuestos ante la delincuencia y han solicitado que se busquen mecanismos que permitan mantener sistemas de vigilancia comunitaria dentro del marco legal.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre las normas que regulan el uso de infraestructura pública y las iniciativas de los ciudadanos que buscan mejorar la seguridad de sus comunidades.
Mientras los vecinos piden alternativas para continuar utilizando herramientas de videovigilancia, las autoridades mantienen el llamado a la población para que estos sistemas sean instalados de manera legal y dentro de los espacios permitidos.