El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, salió al paso de la polémica generada en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece acompañado por un amplio dispositivo de seguridad, y aseguró que la protección que actualmente lo acompaña fue asignada por las autoridades tras un atentado ocurrido durante el proceso de transición municipal.
El jefe edilicio explicó que el hecho que motivó la evaluación de riesgo se registró el 29 de diciembre, cuando Carmen Yolanda Ordóñez, integrante del equipo de transición y apoderada legal de la municipalidad, fue víctima de un ataque armado en Choluteca. Según las declaraciones de Aplícano, la agresión ocurrió mientras se desarrollaba una reunión relacionada con asuntos municipales.
El atentado generó preocupación en la zona sur del país y dio paso a investigaciones de las autoridades. De acuerdo con reportes publicados recientemente, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones realizaron allanamientos que derivaron en la captura de cuatro personas señaladas como sospechosas de estar vinculadas con el ataque contra Ordóñez. El proceso judicial continúa y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades.
Aplícano manifestó que, después del atentado, las autoridades realizaron una evaluación de riesgo y determinaron asignarle un esquema de protección debido a su condición de autoridad municipal y al contexto de seguridad derivado del caso.
“Nosotros andamos esta seguridad porque nos la pusieron, no porque nosotros queremos andar. Si nosotros queremos andar libres”, expresó el alcalde al referirse a los cuestionamientos surgidos tras la difusión del video.
El funcionario insistió en que el dispositivo de seguridad no fue solicitado por él, sino que responde a una decisión adoptada por las instituciones encargadas de valorar los riesgos a los que podría estar expuesto.
La controversia se originó luego de que las imágenes circularan ampliamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la dimensión del operativo que acompaña al alcalde durante sus desplazamientos. Ante ello, Aplícano defendió la medida y sostuvo que su protección responde a una evaluación oficial y a los acontecimientos registrados meses atrás.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de seguridad de funcionarios y autoridades locales en Honduras, mientras las investigaciones relacionadas con el atentado contra Carmen Yolanda Ordóñez avanzan y se busca esclarecer las circunstancias y posibles responsables del ataque.


