HONDURAS vuelve a mojarse en su propia tragedia. Las lluvias recientes, que han golpeado con especial fuerza la costa atlántica, han dejado a su paso ríos desbordados, comunidades aisladas, cultivos perdidos y centenares de familias que hoy lo han perdido todo. No es la primera vez, y, lamentablemente, tampoco será la última.
Pero lo verdaderamente alarmante es que seguimos enfrentando estos desastres con la misma fragilidad institucional de siempre, como si el país no hubiera aprendido nada de décadas de emergencias.
El cambio climático es un factor innegable. Honduras está entre las naciones más vulnerables del planeta, y cada año lo confirma con lluvias más intensas, sequías más prolongadas y fenómenos extremos que superan la capacidad de respuesta local. Sin embargo, culpar únicamente al clima sería una salida cómoda. La otra mitad del problema —la que más duele reconocer— es la falta de previsión, planificación y acción sostenida por parte del Estado.
Hoy hay un nuevo gobierno, y con él una oportunidad que no se puede desperdiciar. La ciudadanía no espera milagros, pero sí decisiones valientes, técnicas y urgentes. El país necesita romper el ciclo de improvisación que ha caracterizado la gestión del riesgo en Honduras. Y para ello, hay medidas que no admiten demora.
En primer lugar, el gobierno debe asumir que la infraestructura actual no está preparada para la realidad climática del siglo XXI. No basta con reparar bordos después de cada inundación; se requiere una política nacional de infraestructura resiliente, con inversión sostenida en drenajes, represas de laminación, muros de contención y sistemas de alerta temprana.
Esto implica planificación a largo plazo, pero también voluntad de priorizar lo que realmente salva vidas. En segundo lugar, urge fortalecer el sistema de gestión de riesgos.
COPECO y las alcaldías necesitan recursos, personal capacitado y autonomía operativa. No se puede seguir dependiendo de voluntarios heroicos que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. La prevención debe ser una política de Estado, no un parche temporal cuando el agua ya llegó al cuello. Además, el país debe apostar por la descentralización inteligente.
Las comunidades conocen su territorio mejor que cualquier despacho en Tegucigalpa. Invertir en comités locales de emergencia, en capacitación comunitaria y en sistemas de comunicación efectivos puede marcar la diferencia entre una evacuación ordenada y una tragedia evitable. Otro punto crucial es la protección ambiental.
La deforestación, la minería irresponsable y el desorden territorial agravan cada desastre. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de frenar la destrucción de cuencas, regular con firmeza las actividades extractivas y promover la reforestación masiva. No se trata solo de “cuidar la naturaleza”, sino de proteger la vida humana.
Finalmente, es indispensable que la transparencia sea un pilar. Que las emergencias no sean también una oportunidad para el abuso, la corrupción y el clientelismo. Si este gobierno quiere marcar una diferencia real, debe garantizar que cada lempira destinado a la emergencia llegue a quienes lo necesitan y no a bolsillos oportunistas.
Las lluvias de estos días nos recuerdan que Honduras no puede seguir reaccionando tarde. El país necesita un liderazgo que entienda que la gestión del riesgo no es un gasto, sino una inversión en estabilidad, desarrollo y dignidad humana. El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación moral— de iniciar ese cambio. Y debe hacerlo antes de que la próxima tormenta vuelva a desnudar nuestras debilidades.