Por más de dos décadas, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado por Estados Unidos a miles de hondureños fue mucho más que un alivio migratorio. Fue un puente de dignidad en medio del colapso institucional, una oportunidad para rehacer la vida en condiciones de legalidad, y un sustento fundamental para familias enteras en Honduras, a través de las remesas.
Hoy, ese puente se desmorona mientras el Estado hondureño apenas ensaya explicaciones, busca culpables o simplemente se limita a celebrar lo indefendible. El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos pone fin oficialmente al TPS para Honduras y Nicaragua. Con una prórroga de apenas 60 días. Ya no hay vuelta atrás.
Decenas de miles de compatriotas quedarán expuestos a la pérdida de sus permisos de trabajo y a posibles procesos de deportación, sin que su país de origen haya hecho lo necesario para defenderlos diplomáticamente. Conviene recordar que el TPS no es una figura automática ni permanente.
Aunque su propia naturaleza es “temporal”, cada renovación requiere justificaciones políticas, técnicas y, sobre todo, una labor diplomática continua. Es allí donde Honduras fracasó. No porque el resultado estuviese garantizado, sino porque el esfuerzo fue prácticamente inexistente.
No hubo estrategia, ni presión legislativa, ni trabajo coordinado con los sectores de la diáspora ni con socios clave en el Congreso estadounidense. Simplemente, se optó por el silencio. Y ahora, el mismo aparato estatal que guardó silencio frente a la amenaza, intenta construir una narrativa absurda: que el fin del TPS es una buena noticia porque implica que Honduras ha dejado de ser un país en crisis.
En otras palabras, que la cancelación es una suerte de reconocimiento internacional a la supuesta estabilidad lograda por el actual gobierno. Este tipo de discurso es éticamente cuestionable y políticamente miope. El TPS fue concedido tras el paso del huracán Mitch, pero su mantenimiento durante más de 25 años se justificó por la persistente fragilidad institucional, la violencia estructural, la falta de oportunidades y la inestabilidad social.
Si hoy esas condiciones han cambiado para mejor, es algo que ni los datos ni la realidad cotidiana confirman. ¿Acaso el país ha dejado de expulsar migrantes por necesidad? ¿Se han reducido los niveles de pobreza o de inseguridad que empujan a miles a buscar alternativas fuera? Lo cierto es que el TPS también representaba una forma de reconocimiento tácito de que Honduras no ha podido (o no ha querido) ofrecer condiciones dignas de retorno para su gente.
Por eso, su cancelación debería ser vista como una llamada de atención, no como una medalla. En lugar de asumir responsabilidades, el discurso oficial se refugia en el voluntarismo o en el victimismo. O bien se insiste en que “no se podía hacer nada”, o bien se culpa a otros actores (inmigrantes, gobiernos anteriores, medios de comunicación) por una situación que exige una respuesta de Estado, no una estrategia de evasión.
Lo más preocupante es que la cancelación del TPS no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de debilitamiento de la política exterior hondureña, caracterizada por la improvisación, la pérdida de aliados estratégicos y el abandono del interés nacional frente a intereses ideológicos o partidarios.
Quienes resultarán más afectados son los mismos de siempre: las familias que dependen de las remesas, los hijos de hondureños nacidos en EE. UU. que enfrentarán nuevas incertidumbres, y los retornados que serán recibidos por un país que no se ha preparado para su reintegración. No hay un plan serio para atender este retorno.
No hay políticas públicas que articulen empleo, vivienda, salud o educación para quienes regresan tras décadas fuera. Solo hay promesas vacías y comunicados tardíos. Honduras no puede seguir actuando como si su población migrante fuera un tema externo, una realidad ajena que ocurre del otro lado del mundo.
La migración es parte central de nuestro presente económico y social. Ignorarla, negarla o manipularla políticamente es condenarnos a repetir los mismos errores. Hoy, más que nunca, necesitamos una política migratoria integral, una diplomacia profesional y una narrativa honesta.
Lo que está en juego no es solo la permanencia de miles de hondureños en Estados Unidos; es la capacidad de un país para responder con responsabilidad ante los desafíos globales y defender con dignidad a sus ciudadanos, estén donde estén.
