LA intervención anunciada por las autoridades de seguridad y educación en varios centros educativos de Tegucigalpa, revela una realidad que el país ha preferido no mirar de frente. La violencia y la criminalidad ya no solo se manifiestan en las calles, sino que han penetrado los espacios que deberían ser más seguros para la niñez y la juventud. Las denuncias sobre cobros de extorsión entre estudiantes, tráfico de drogas, amenazas contra docentes y control territorial dentro de los centros educativos no son hechos aislados ni exageraciones mediáticas.
Que estudiantes de grados superiores cobren 20, 30 o 40 lempiras a sus compañeros menores por usar pasillos o permanecer en determinadas zonas, no es solo un acto de abuso escolar. Es la reproducción, en miniatura, de las lógicas de control territorial que ejercen las estructuras criminales en los barrios y colonias del país. Es la normalización de la extorsión como práctica cotidiana, aprendida, imitada y replicada por menores de edad que, en muchos casos, no alcanzan a comprender la gravedad de lo que están haciendo. Pero también es evidencia de que algunos sí lo comprenden, porque están siendo utilizados o influenciados por maras, pandillas u otras redes delictivas que ven en las escuelas un terreno fértil para captar a su relevo generacional.
Las amenazas contra docentes, que ya no solo provienen de estudiantes sino también de personas vinculadas a estructuras criminales, revelan otro nivel de riesgo. La escuela, que debería ser un espacio de autoridad pedagógica y convivencia pacífica, se convierte en un escenario donde los maestros trabajan con miedo, donde la disciplina se vuelve un acto de riesgo y donde la deserción escolar se incrementa porque las familias prefieren retirar a sus hijos antes que exponerlos a un ambiente hostil. Cuando un docente recibe la advertencia de que “le van a echar la mara”, el país entero debería detenerse a reflexionar sobre el punto al que hemos llegado.
La estrategia de intervención en tres centros educativos como plan piloto es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda de las debilidades institucionales que han permitido que esta situación florezca. Los ministerios de Educación, Seguridad, la Policía Nacional y las dependencias especializadas pueden coordinar operativos, impartir charlas y establecer protocolos, pero la raíz del problema es más compleja. La escuela hondureña ha sido históricamente un reflejo de las fracturas sociales del país, donde resaltan la pobreza, violencia doméstica, ausencia de oportunidades, debilitamiento de la autoridad moral, falta de acompañamiento familiar y un sistema educativo que lucha por sobrevivir entre carencias estructurales.
La captación de menores por estructuras criminales no ocurre de la noche a la mañana. Se alimenta de la falta de supervisión en el hogar, de la ausencia de modelos positivos, de la presión de grupo, del atractivo del dinero fácil y del vacío institucional que deja a los jóvenes sin opciones. Por eso, cualquier intervención que se limite a operativos policiales o a charlas preventivas corre el riesgo de ser apenas un paliativo. La verdadera solución requiere reconstruir el tejido social alrededor de la escuela: fortalecer la participación de los padres, garantizar acompañamiento psicológico, mejorar la vigilancia interna, profesionalizar la labor docente en materia de manejo de crisis y, sobre todo, romper el silencio que ha permitido que estas prácticas se mantengan ocultas.
El llamado de las autoridades a denunciar es correcto, pero insuficiente si no se garantiza protección, confidencialidad y resultados. La línea 143 puede ser una herramienta útil, pero solo si la ciudadanía confía en que denunciar no la pondrá en mayor riesgo. Honduras enfrenta un desafío que compromete su futuro inmediato: si los centros educativos se convierten en semilleros de criminalidad, el país estará renunciando a su última frontera de esperanza. La intervención debe ser el inicio de una política pública integral, sostenida y valiente, que devuelva a la escuela su papel fundamental como espacio de formación, convivencia y protección.