Por Rodolfo Dumas Castillo
Recién ingresado a la UNAH (en aquel tiempo el CURN en San Pedro Sula), escuché por primera vez la expresión “estudiantes profesionales”. Se refería a quienes tenían muchos años en esa casa de estudios, pero nunca se graduaban.
Sin embargo, siempre aparecían en las planillas para cargos del gobierno universitario o de su respectiva facultad. Sin perjuicio de esos zánganos que encontraron en la universidad un modus vivendi, la realidad es que ahora el estudio es una actividad permanente.
En tiempos de transformación constante, el modelo tradicional de universidad, centrado en jóvenes de entre 18 y 25 años, ya no basta. El conocimiento envejece rápido, las profesiones cambian y la experiencia por sí sola ya no garantiza vigencia.
Hace poco leíamos sobre una idea interesante: construir una universidad abierta a todas las edades, que acompañe a las personas durante toda su vida y se convierta en eje de aprendizaje permanente.
Este concepto responde a la realidad incuestionable que hoy las habilidades se vuelven obsoletas con una velocidad inédita. La formación continua ya no es un lujo, sino una necesidad vital para no quedar rezagados.
Por ello requerimos universidades más ágiles, capaces de ofrecer programas cortos, modulares y accesibles, tanto para jóvenes como para adultos. El objetivo no es únicamente enseñar, sino mantener a las personas conectadas con la evolución del conocimiento y con las demandas del entorno laboral.
En Estados Unidos, este concepto se ha traducido en mecanismos como el “Continuing Legal Education”, un sistema de educación continua obligatoria para abogados. Cada Estado exige a sus miembros del colegio profesional (“bar”) cumplir anualmente con cierto número de horas de actualización.
No hacerlo puede acarrear sanciones, incluso la suspensión del ejercicio profesional. No se trata de burocracia, sino una filosofía de que el derecho cambia constantemente, y quien asesora, defiende o representa intereses debe hacerlo con conocimiento actualizado.
Nuevas regulaciones, inteligencia artificial, arbitraje digital, protección de datos o cumplimiento normativo (compliance) son temas que hace una década apenas se mencionaban, y hoy son parte cotidiana de la práctica legal.
En Honduras la situación es distinta. Una vez obtenido el título universitario e incorporado al colegio profesional, no se exigen acreditaciones académicas posteriores. Tampoco existe un sistema de verificación de actualización profesional ni incentivos estructurados para continuar aprendiendo.
Queda al criterio y disciplina de cada abogado invertir en su desarrollo, asistir a seminarios o seguir estudios de posgrado. Sin embargo, esta realidad podría transformarse en una oportunidad para la innovación institucional.
Si Honduras quiere fortalecer la calidad del ejercicio profesional, no solo en Derecho, sino en Medicina, Ingeniería, Contaduría o Arquitectura, debe abrir el debate sobre la educación continua obligatoria.
No se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos a nuestras condiciones. El Colegio de Abogados, por ejemplo, podría asumir un rol más activo en la formación continua de sus miembros, estableciendo alianzas con universidades, centros de arbitraje y cámaras empresariales.
Los cursos podrían ser breves, híbridos y acreditables, orientados a la práctica real, como redacción de contratos, ética profesional, derecho digital, sostenibilidad corporativa o técnicas de litigio. Podrían diferenciarse por especialidad, como sucede en otras jurisdicciones; horas mínimas en temas de ética, derecho procesal, innovación o legaltech.
Con el tiempo, estos certificados de actualización podrían convertirse en requisito para renovar la colegiación o para optar a cargos públicos. Este sistema también podría convertirse en una política de Estado.
En lugar de concentrar los recursos educativos solo en la juventud, el país podría apostar por un sistema de formación continua que fortalezca la competitividad y reconversión profesional, con universidades menos rígidas, capaces de diseñar programas de corta duración y alto impacto.
La educación técnica, la formación en habilidades blandas y la capacitación en herramientas digitales son áreas donde el sistema puede crecer rápidamente. Si a ello se suma la colaboración con el sector privado y la digitalización de los procesos de enseñanza, el país podría crear una verdadera red nacional de aprendizaje continuo.
Aprender sin graduarse nunca es una filosofía que trasciende la profesión. Es una forma de mantenerse vigente, útil y conectado con el mundo. La Abogacía, al igual que la Medicina o la Ingeniería, no puede depender de conocimientos adquiridos hace veinte años.
Requiere reflexión, actualización y humildad intelectual para reconocer que el Derecho, como la sociedad que regula, está en permanente cambio.
Quizá ha llegado el momento de reivindicar aquel viejo apodo y darle un nuevo sentido. Ser “estudiantes profesionales” ya no debería ser un defecto, sino un ideal de nunca dejar de aprender.
