Por Rodolfo Dumas Castillo
En Honduras normalmente hablamos de la informalidad como si se tratara de un fenómeno uniforme, casi moral, asociado indistintamente al pequeño comerciante, al emprendedor precario o a quien simplemente decide operar fuera de la ley.
Esa mirada simplifica excesivamente un problema que es mucho más complejo y profundamente institucional. La informalidad no es solo una conducta individual, también es una respuesta racional a un sistema que, en muchos casos, expulsa en lugar de integrar. Para una parte importante de la población, la informalidad no es una elección ideológica ni un acto de rebeldía frente al Estado; es simplemente una estrategia de supervivencia.
Marcos legales extensos y confusos, costos de cumplimiento elevados, trámites largos e impredecibles y una administración que castiga con mayor severidad al que intenta formalizarse que al que permanece al margen, terminan empujando a miles de personas fuera del sistema.
En ese contexto, cumplir la ley deja de percibirse como una ventaja y pasa a verse como un riesgo. Pero sería un grave error y demasiado cómodo quedarse únicamente con esa lectura. Bajo el mismo concepto de informalidad conviven realidades muy distintas.
Junto al pequeño que vende para subsistir, existen estructuras económicas relevantes y flujos de capital significativos que operan deliberadamente fuera del sistema. En estos casos, la informalidad no es consecuencia de la exclusión, sino el resultado de un cálculo que busca evadir controles fiscales, laborales, regulatorios o de origen de fondos.
Desde una perspectiva jurídica, esta distinción es fundamental. La informalidad de subsistencia plantea un problema de acceso y diseño institucional; la informalidad de gran escala representa un riesgo sistémico.
Cuando capitales importantes operan sin trazabilidad, se distorsiona la competencia, se debilitan los mercados formales y se erosiona la capacidad del Estado para regular sectores estratégicos. Además, se genera una desigualdad profunda pues quien cumple asume costos que otros eluden sin consecuencia alguna.
El error de muchas políticas públicas ha sido tratar la informalidad como un bloque homogéneo. Esa confusión conduce, por un lado, a perseguir al pequeño con rigidez burocrática y, por otro, a tolerar o ignorar la informalidad de alto impacto, que es la que más daño causa.
Un enfoque serio exige distinguir, priorizar y actuar con inteligencia regulatoria. Combatir la informalidad no pasa únicamente por más controles ni por discursos moralizantes. Exige una doble estrategia.
Primero, simplificar el cumplimiento legal, reducir costos, acortar trámites y ofrecer reglas claras y predecibles para quienes quieren integrarse al sistema.
Segundo, fortalecer la capacidad institucional para identificar y sancionar la informalidad deliberada y de gran escala, aquella que no nace de la exclusión, sino del aprovechamiento de las debilidades del Estado.
Una estrategia seria de formalización debe comenzar por la simplificación administrativa real, no cosmética. No se trata de crear ventanillas únicas que acumulen los mismos requisitos, sino de revisar críticamente qué controles son necesarios, cuáles son redundantes y cuáles pueden sustituirse por mecanismos más eficaces.
La tecnología, bien utilizada, puede ser una aliada poderosa para reducir discrecionalidad, tiempos y costos, siempre que vaya acompañada de reglas claras y de funcionarios capacitados. En paralelo, el Estado debe mejorar su capacidad de análisis de riesgo. No todos los informales representan el mismo impacto ni requieren la misma respuesta.
Perseguir indiscriminadamente al pequeño vendedor mientras grandes operaciones económicas permanecen fuera del radar no solo es injusto, sino ineficiente. La inteligencia fiscal, la cooperación interinstitucional y el uso de información financiera deben orientarse a identificar la informalidad de alto impacto, aquella que distorsiona mercados y facilita prácticas ilícitas.
Finalmente, cualquier política de formalización debe incorporar incentivos creíbles. Facilitar el acceso al crédito, a compras públicas, a servicios financieros y a mecanismos de protección social puede ser más efectivo que cualquier amenaza de sanción.
La formalidad debe percibirse como una puerta de entrada a oportunidades reales, no como un laberinto burocrático sin beneficios tangibles. Solo así la legalidad dejará de ser vista como un costo y comenzará a entenderse como una inversión.
Un país que aspira a desarrollarse no puede seguir confundiendo estos planos. La legalidad no se impone solo con sanciones, ni se construye con indulgencias selectivas. Se consolida cuando cumplir la ley es razonable para el pequeño y obligatorio para el grande.
Mientras esa distinción no se entienda, la informalidad seguirá siendo menos un problema de ciudadanos y más un síntoma de un Estado que aún no termina de ordenarse.
