Por Ilsa Díaz Zelaya
Mucha tinta se ha corrido con el análisis que varias instituciones que han tenido la oportunidad de revisar el dictamen del borrador del Anteproyecto de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año próximo.
Ha sido una costumbre que el presupuesto se presenta en la Secretaría del Congreso antes o hasta el 15 de septiembre del año en curso, de acuerdo con la LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, algunos años se consultaba con las diferentes Secretarías del Ejecutivo, pero hoy, al parecer, ha llegado a manos de analistas y gente que conoce de temas económicos y funcionamiento de las legislaciones y personas que tienen que ver con ejecuciones presupuestarias del Gobierno de la República.
Recordamos que el Presupuesto, una vez que llegaba al plenario del Congreso, bastaba una lectura de paso, y hasta en ocasiones con dispensa de debates, para aprobarlo en uno solo. Una vez aprobado, era enviado a los responsables de su ejecución, de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado y con orden de obligado cumplimiento; muchos diputados hasta entonces lo conocían de verdad.
Este año, las cosas pretenden cambiar, extendiendo autorización a las Secretarías de Estado, instituciones centralizadas y descentralizadas, para. contrario a la Ley de Contratación del Estado, queden autorizados a negociar y suscribir contratos, programas, proyectos de contratación, bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, acto que da lugar al desorden, dudas y abusos en el manejo de la situación económica de la nación.
Ojalá que esta mala intención no progrese y que el Congreso apruebe un presupuesto congruente con la realidad y el control de la corrupción, se recuerdan en estos días los últimos años del gobierno del hoy asesor presidencial, quien trabajó sin presupuesto.
