El proyecto de la Ley de Justicia Tributaria debe garantizar la protección de los datos personales de los obligados y otros sectores involucrados, así lo señaló ayer viernes el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
A través de pronunciamiento, el Conadeh indicó que se debe dar garantías. Lo anterior, respecto a la seguridad de la información confidencial de las personas que reportan periódicamente ante la autoridad recaudadora del Estado.
Sugirió que debe haber garantía por parte del Estado, para que no exista doble pago en la tributación, mediante el cambio de renta territorial a renta mundial.
También aconsejó, que se observe lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con respecto a la información confidencial.
Así como, a los patrimonios económicos, cuentas bancarias, declaraciones patrimoniales y otros datos. Mismos, que únicamente atañen a los obligados tributarios respecto a la autoridad tributaria del Estado.
Lea También: Análisis de impacto de Ley Tributaria pide ASJ al gobierno
Que los datos personales no sean para fines políticos
Explicó que esto garantizaría que dichos datos no serán de dominio público o sean usados con fines políticos o de otra índole. Y que se deben establecer estrictas sanciones para quienes incumplan tales disposiciones.
El Conadeh enfatizó, que el Poder Legislativo está obligado a garantizar que esta reforma fiscal se oriente a respetar y hacer efectivos los derechos humanos directamente concernidos.
En ese sentido, recalcó que se debe construir una ley integral que aborde no solo los ingresos tributarios, sino el gasto. De igual manera, el fortalecimiento y profesionalización de la institucionalidad tributaria y aduanera.
También, la creación de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para quienes incumplan los plazos legales establecidos en el Código Tributario y la nueva Ley Tributaria.
Asimismo, exhortó a las bancadas del Congreso Nacional que debata el proyecto con altura y seriedad. Y a que tome en cuenta la actual coyuntura del país y evite la confrontación.
Reiteró que el Estado tiene la obligación de respetar de forma incondicional las expresiones contestatarias y de protesta de la población ante posibles decisiones gubernamentales.
Esta obligación, también debe garantizar el derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas.