Con la temporada de huracanes a punto de iniciar, el Valle de Sula en Honduras se encuentra nuevamente bajo la amenaza inminente de desastres naturales. Los pronósticos meteorológicos apuntan a un año potencialmente más activo en comparación con años anteriores, lo que significa un mayor riesgo de inundaciones y devastación para esta región vital del país. Así lo anticipan todas las organizaciones especializadas en el tema, como el Centro Nacional de Huracanes, AccuWeather y otras. Este augurio debería ser una llamada urgente a la acción para las autoridades y líderes responsables del desarrollo infraestructural en la región. En particular, la falta de represas para controlar las inundaciones representa un riesgo mayúsculo para la zona, poniendo en peligro vidas, así como su economía.
El Valle de Sula es el principal motor económico del país. La mayoría de la Inversión Extranjera Directa que capta Honduras proviene precisamente de esta zona. Sin embargo, su ubicación geográfica lo expone de manera recurrente a los estragos de fenómenos naturales, especialmente los que se caracterizan por copiosas lluvias, es decir, no necesariamente tienen que ser huracanes para causar demoledores daños; basta recordar las tormentas Eta y Iota, solo por mencionar las más recientes. La ausencia de infraestructuras clave, como represas modernas y eficaces, es una debilidad que ha persistido durante demasiado tiempo.
Esta situación afecta muy especialmente a zonas como La Lima, cuyo desarrollo se ve frenado por el espectro de las inundaciones. En el pasado hemos presenciado la devastación que puede causar una tormenta tropical en esta región, incluso anegando nuestro aeropuerto. Las inundaciones desbordaron ríos y arrasan cultivos, dejando a su paso una estela de pérdidas económicas y humanas. Sin embargo, la lección no ha sido aprendida. ¿Qué se necesita entonces para mitigar esta amenaza inminente?
La respuesta está en la inversión y la acción decidida del Gobierno, juntamente con la empresa privada. La construcción de las represas en el Valle de Sula es una necesidad urgente, no solo para proteger la vida y los medios de subsistencia de miles de personas, sino también para resguardar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de Honduras en su conjunto. El retraso en estas inversiones críticas no puede justificarse más. No podemos darnos el lujo de esperar otro año más y de seguir soñando con El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. Cada día de inacción nos expone a mayores riesgos y consecuencias más catastróficas.
El argumento financiero también es convincente. Si bien la construcción de represas y otras medidas de mitigación representan una inversión inicial significativa, los costos a largo plazo de no actuar serían mucho mayores. Las pérdidas derivadas de un solo huracán o tormenta tropical pueden superar con creces el costo de toda la infraestructura necesaria para prevenir sus secuelas. Además, estas inversiones no solo protegerán contra los huracanes, también podrían crear una infraestructura hidroeléctrica que generaría energía limpia, así como mejores opciones de riego, contribuyendo a la autonomía energética del país, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y mejorando la seguridad alimentaria nacional.
Es importante comunicar esta relación costo-beneficio de manera clara y convincente a todos los actores involucrados, pues una inversión estratégica en infraestructura de resiliencia no solo protegerá a la población y los activos del Valle de Sula, sino que también sentará las bases para un crecimiento económico sostenible y una mayor estabilidad en toda la región. Los líderes del gobierno deben reconocer la urgencia de la situación y actuar en consecuencia.
Estamos seguros de que el sector privado también está dispuesto a invertir y colaborar en la construcción de represas y otras obras que protejan al Valle de Sula. Sin embargo, para que esto sea posible, es fundamental eliminar obstáculos administrativos y garantizar un marco regulatorio claro y eficiente que permita la ejecución rápida y efectiva de proyectos de infraestructura. Es imperativo agilizar todo el proceso administrativo relacionado con permisos, licencias ambientales y otros trámites necesarios.
El llamado a la acción es urgente y claro. Es fundamental destacar el costo potencial de la inacción frente a la amenaza inminente de las tormentas y huracanes, comparado con el valor y los beneficios duraderos que ofrecerían las obras de prevención y mitigación. Ya existen innumerables estudios sobre la construcción de las represas, pero se debe dar el siguiente paso y empezar su construcción. No podemos seguir rogando a la Divina Providencia que nos proteja de las inclemencias del clima. La solución ya está plenamente identificada, nadie sensato se opondrá a su ejecución y solo falta la decisión de proceder.
