POR una plática con el filósofo del colectivo nos enteramos que lo estaban incluyendo en una comisión encaminada a sugerir reformas a la Ley Electoral o a la elaboración de una nueva, a la luz de la reciente experiencia sufrida. ¿Y de dónde sacan –refutamos– que lo malo sea la ley si lo que no funciona son los políticos? -“Tiene razón –asintió– escríbase algo sobre eso”. Es que aquí nada funciona –se repite con gesto grave y voz impostada– y la frase cae como sentencia de mármol, solemne y falsa. Nada funciona, dicen, porque la ley es defectuosa. ¿Pero a nadie se le ocurre pensar que la culpa no es de la ley sino del necio comportamiento de los políticos –entre ellos malos perdedores– de los saboteadores y de los obstruccionistas, de los que, enamorados de las mieles del poder, atornillados se desviven por no soltarlo? Si no hace mucho hubo reformas constitucionales con miras a enterrar lo viejo y darle al país la confianza de algo nuevo. Crearon un órgano electoral equilibrado –para que ningún partido tuviese control como antes– un Tribunal de Justicia Electoral, como juez de alzada, y un Registro Nacional de las Personas técnico.
Recién estrenada la ley pasó la prueba con las primeras elecciones. Y después, no a gusto con lo que había, los políticos manoseadores la reformaron, llenándola de parafernalia, cargada de candados virtuosos, de promesas tecnológicas, de sistemas costosos de última generación para garantizar dizque transparencia y desterrar el fraude como se ahuyenta una superstición antigua. Y cuando llegó la hora decisiva de ponerla en marcha, surgieron –puntuales como la mala hierba– las lanadas de siempre. Cada proceso de adjudicación de las sofisticadas tecnologías, atrofiado por tapones empeñados en llevar a lo interno del CNE el irreconciliable conflicto de afuera –protagonizado por cerriles políticos picapleitos– de la tóxica campaña proselitista. El activismo político ya enraizado al interior, salvo las heroicas excepciones que salvaron el proceso –por ese duelo entre enemigos– si no entorpecía del todo, paralizaba el cronograma electoral. Atasco cuando uno de ellos se empecinó que el TREP –que había funcionado en primarias y por el cual votó– para generales lo quería distinto. Los políticos de oposición, de tanto satanizar a las empresas oferentes –por ser parte del “fraude venezolano”, unas, o pantallas con testaferros fraudulentos, otras– acabaron forzando al CNE a contratar, por unanimidad, la única compañía que quedaba. (Solo que, cuando ocurrió la operación desastrosa de la improvisada empresa extranjera, no hubo uno de los culpables de haber empujado hacia lo peor, que admitiese su autoría del fiasco). Entramparon el biométrico. En primarias el representante del partido que votó por verificación humana de resultados preliminares, en las generales cambió de discurso, empecinado que fuera lo opuesto. Cuando dieron los primeros resultados del TREP, los perdedores gritaron “fraude”. Y así ocurrió de ahí en adelante, con todo y que –por apretada que resultó ser la ventaja– nunca varió la tendencia.
En las mesas electorales (JRV), los votos fueron contados por ojos y manos partidarias, bajo la mirada escrupulosa de la observación internacional. No fue el órgano electoral quien contó; ese solo cargó con las ofensas de lo que otros contaron. Se transmitieron las actas, –se computarizaron en el sistema– pero en la medida que estas no favorecían a los perdedores, el irritado reclamo fue que volvieran a contar –lo que la ley no permite– “voto por voto” lo ya contado. Indignación de los perdedores por la declaratoria del CNE. ¿Qué tramaban? No hacerla hubiese desembocado en la salida constitucional de convocar a nuevas elecciones en 6 meses plazo; y por mientras la continuidad del actual gobierno manejando la transición. La exigencia de volver a contar los votos en las 19,167 urnas. Multipliquen por 3 porque la ley, universal y equilibrada, no permite preferencia en solo la presidencial sino igualdad para los tres niveles electivos: Serían, entonces, 57, 501 urnas. Si los delegados que mandaron los partidos a los escrutinios especiales contaron un promedio de 120 actas por turno, en 2 turnos por día –laborando días hábiles e inhábiles– tardarían 239 días corridos contando votos. (Los delegados partidarios de los escrutinios especiales –instigados por sus jefes– abandonaron las mesas en una actitud de sabotaje al proceso; rehusaron ingresar a las JERV impidiendo la revisión de las actas durante el escrutinio especial, (aparte de sopapear cristianos rivales); aplicaron el tortuguismo en las mesas al extremo de solo revisar una urna en uno de los turnos, y en otros turnos sacar números lejos del promedio acostumbrado de lo que toca normalmente hacer el recuento de las actas; se confabularon para dejar otro montón de urnas en cero –cuando salía arriba el que no querían– atropellando el derecho de esos ciudadanos a que se computen sus votos. Eso sí es fraude. Eso es complot. Pero el delirante griterío, una vez más, fue contra el árbitro, porque el objetivo nunca fue contar, sino impedir que se terminara de contar y torpedear la declaratoria). (Cuando el humo se disipe –tercia el Sisimite– despejará la ironía inmortal de El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. -Así es –ilustra Winston– “todo cambia para que nada cambie”. Cambian las leyes, los reglamentos, los sistemas, los nombres de las instituciones. Cambia el decorado, cambia el lenguaje, cambia la liturgia democrática. Pero no cambia el vicio central: la clase política que vive de torcer el sistema mientras jura defenderlo. Entonces, ¿no les parecería que la solución al problema no sería cambiar leyes, sino amarrar unas dos docenas de estos virtuosos del estropicio para que las cosas empiecen a funcionar? Cambiar a los que lo arruinan).