Por Rodolfo Dumas Castillo
En el marco de la campaña electoral, se ha planteado la propuesta de eliminar la central de riesgo del Estado y borrar los historiales de los ciudadanos con una calificación negativa, bajo el argumento de que esto le permitiría a más hondureños acceder a créditos en el sistema financiero.
A primera vista, la medida puede sonar atractiva pues, en teoría, abriría la puerta a quienes hoy enfrentan dificultades para financiarse. Sin embargo, esa medida puede generar distorsiones graves tanto para los usuarios financieros como para el sistema bancario en su conjunto, es decir, la medicina puede resultar peor que la enfermedad.
La función de una central de riesgo es precisamente brindar información confiable y verificable sobre el historial crediticio de cada persona. No se trata de un mecanismo punitivo, sino de una herramienta de gestión de riesgo que permite a las instituciones financieras evaluar de manera objetiva la capacidad y el comportamiento de pago de los solicitantes.
Eliminar esa información sería como pedirle a un médico que recete un tratamiento sin conocer el historial clínico del paciente. La central de riesgo cumple una función esencial en la diferenciación entre los usuarios responsables y aquellos que de manera reiterada incumplen sus obligaciones.
Borrar esa información equivaldría a premiar la irresponsabilidad financiera, colocando en el mismo nivel al ciudadano que cumple puntualmente sus compromisos y al que decide no hacerlo.
Este tipo de medidas genera lo que en economía se conoce como “riesgo moral”; si el incumplimiento no tiene consecuencias, se incentiva a más personas a actuar de la misma forma.
El resultado sería que los buenos pagadores terminen asumiendo los costos de los malos, ya sea a través de intereses más altos o de un acceso más restringido al crédito.
Para los usuarios la eliminación de la central estatal tampoco sería una solución, pues los bancos recurrirían a las centrales privadas, encareciendo costos.
En lugar de un estándar común supervisado, prevalecerían esquemas comerciales que favorecen a los grandes bancos y dificultan el acceso y la corrección de datos para usuarios e instituciones pequeñas. Así, la medida no democratizaría el crédito, sino que ampliaría las desigualdades en el financiamiento.
Otro aspecto importante es la relación entre las centrales de riesgo, la prevención del fraude y las normas de “conoce a tu cliente” (KYC). Los historiales crediticios no solo reflejan capacidad de pago, también ayudan a detectar fraudes, lavado de activos o suplantaciones de identidad.
Eliminar esta herramienta debilitaría una de las principales defensas del sistema financiero y, en un contexto de crecientes delitos financieros, significaría abrir la puerta a mayores vulnerabilidades.
El crédito funciona sobre la base de la confianza, y la confianza se construye con información. Pretender que la solución al problema del acceso financiero está en eliminar esa información es confundir el síntoma con la causa.
Lo que Honduras necesita no es eliminar la central de riesgo, sino avanzar en reformas que promuevan la educación financiera, mecanismos de reestructuración de deudas y un sistema más inclusivo para quienes han caído en mora, pero desean reinsertarse en la economía formal.
Un verdadero camino hacia la inclusión financiera pasa por crear mecanismos que permitan a quienes han caído en mora reincorporarse gradualmente al sistema, sin borrar su historial.
En varios países se han implementado programas de reestructuración de deudas que otorgan condiciones especiales de pago y, al mismo tiempo, establecen incentivos para el cumplimiento puntual.
También existen esquemas de reportes positivos, en los que se registra y valora el comportamiento responsable de pago posterior a un incumplimiento, lo cual facilita que el usuario recupere su reputación crediticia.
Estas alternativas no solo ofrecen una segunda oportunidad al deudor, sino que refuerzan la cultura de responsabilidad y fortalecen la confianza del sistema en su conjunto. El problema del acceso al crédito no se solucionará eliminando una central de riesgo o borrando el historial crediticio de las personas, sino fortaleciendo la responsabilidad individual y la confianza colectiva.
Esas propuestas pueden sonar inclusivas, pero en realidad representan un retroceso peligroso que terminaría por distorsionar el funcionamiento y socavar la estabilidad de todo el sistema.
En una economía donde la información es el activo más valioso, proponer suprimirla equivale a caminar a ciegas. Lo que el país necesita no son atajos populistas, sino políticas serias que fomenten la educación financiera, incentiven la reestructuración responsable de deudas y consoliden una cultura de cumplimiento. Solo así el crédito podrá avanzar hacia un acceso más amplio y sostenible
