Por Rodolfo Dumas Castillo
Después de meses de campaña, es comprensible que los aspirantes hayan preferido concentrarse en mensajes de esperanza y metas deseables. Las campañas, por su naturaleza, resaltan lo aspiracional, aquello que motiva y moviliza a la ciudadanía.
Pero junto a esas promesas existe otra dimensión, más compleja y menos visible, que todavía no ha sido discutida con suficiente profundidad: la realidad económica que recibirá el próximo Gobierno y las decisiones estratégicas que deberán tomarse desde el primer día.
El país que heredará la próxima administración tendrá muy poco espacio para improvisar. Las finanzas públicas están bajo presión, el déficit y la deuda limitan la maniobra, y la capacidad del Estado para enfrentar nuevas obligaciones es cada vez más estrecha.
La energía continúa siendo cara e inestable, un factor que afecta desde la competitividad industrial hasta la confianza de los inversionistas. La infraestructura avanza lentamente en un mundo donde la logística determina si un país se integra o se rezaga.
Y el clima de negocios, sensible a los cambios normativos y a los mensajes contradictorios, sigue necesitando señales claras de estabilidad y predictibilidad. Nada de esto es un juicio a los candidatos. Es simplemente el terreno real sobre el cual deberán gobernar.
Y justamente por eso, la conversación económica debe elevarse del terreno electoral al institucional. Las decisiones que vienen no serán fáciles ni inmediatas. Implican ordenar el gasto público, revisar subsidios, modernizar el sistema energético, asegurar reglas claras para la inversión, reducir trámites innecesarios y fortalecer la seguridad jurídica.
Son reformas que requieren convicción y continuidad, pero también un ambiente de diálogo honesto entre todos los actores (gobierno, academia, sociedad civil, sector privado, etc).
El país está ante una oportunidad de emprender un cambio basado en el pragmatismo, una palabra que en ocasiones se malinterpreta como renuncia a los principios, pero que en realidad es lo contrario.
El pragmatismo es la decisión de actuar con base en lo que funciona, no en lo que suena bien; es la capacidad de construir consensos sin caer en extremos; es entender que ningún país se desarrolla desde trincheras ideológicas, sino desde soluciones prácticas que resuelven problemas concretos.
No necesitamos modelos rígidos ni teorías perfectas, sino que decisiones sensatas, diálogo continuo y una visión compartida de futuro. El pragmatismo no renuncia a los sueños, los hace viables. Recordemos que no existe crecimiento sin confianza, ni confianza sin estabilidad jurídica.
No hay empleo sin productividad, ni productividad sin inversión sostenida. La ventana del nearshoring, aunque aún abierta, no esperará eternamente. Los países compiten por atraer empresas que buscan eficiencia, claridad regulatoria y energía confiable.
Honduras tiene potencial para ofrecerlo, pero ahora necesita actuar con sentido de urgencia. Por eso, el sector privado, en todas sus expresiones, no solo está dispuesto, sino obligado a acompañar a quien resulte electo.
Ningún Gobierno, por más visión que tenga, puede enfrentar solo los desafíos económicos que vienen. La construcción de un crecimiento sostenido requiere cooperación, información técnica, acuerdos de largo plazo y la convicción de que el desarrollo no es un proyecto de cuatro años, sino de una generación.
El sector privado puede ser parte de la solución, no desde la confrontación, sino desde la corresponsabilidad, sin imponer agendas, sino que aportando conocimiento, datos, experiencia y capacidad de ejecución.
El próximo gobierno encontrará en el sector productivo un aliado valioso que le puede ayudar a impulsar reformas que fortalezcan la competitividad y aceleren la generación de empleo. Del mismo modo, encontrará en miles de hondureños, emprendedores, trabajadores, profesionales, una disposición auténtica a construir un país más dinámico y estable.
Honduras cuenta con fortalezas que no deben subestimarse, incluyendo una posición geográfica envidiable, acceso privilegiado a mercados, experiencia exportadora y una fuerza laboral joven y trabajadora.
Pero también enfrenta desafíos claros, evidenciados en la reciente evaluación de la Cuenta del Milenio, especialmente en control de la corrupción y estado de derecho, ambas indispensables para recuperar dinamismo y credibilidad.
Podemos superar esos indicadores y transformarlos en una ventaja si existe voluntad para ordenar prioridades y para no seguir postergando las decisiones difíciles.
El rumbo económico de 2026-2030 dependerá menos de lo que se prometió durante la campaña y más de la capacidad de asumir, con madurez y liderazgo, las decisiones que el país necesita.
Lo importante ahora es que, quien sea que resulte electo, tenga claro que no está solo. La construcción del futuro económico de Honduras será un trabajo compartido en el que sus actores se sienten en la misma mesa y entienden que el destino del país siempre será más grande que cualquier ciclo político.
