Al ver el experimento social en nuestro país de parte de la izquierda comunista, analizando de la manipulación de personas con arrastre político para ser usados como peldaños, peones o ,como dicen en los cafetines, como “perros de garra”, para obtener poco a poco los objetivos y llegar a la meta que es convertir a Honduras en otro paraíso de la órbita chavista del Foro de Sao Paulo, notamos del comportamiento del señor diputado presidente del Congreso de Honduras que, además sigue ocupando ese puesto después de una imposición y no de una elección donde la democracia sea la que promueva la majestad de la ley.
La legitimidad de un cargo público se refiere a la autoridad moral y política que justifica el ejercicio del poder por parte de un gobernante o una institución. Cuando se pierde esta legitimidad, se plantean cuestiones éticas y políticas importantes, ya que la gobernabilidad y la estabilidad de un sistema político pueden verse comprometidas. Un gobierno es legítimo solo si protege los derechos naturales de los individuos, como la vida, la libertad y la propiedad, y si actúa de acuerdo con la voluntad del pueblo. La pérdida de legitimidad en un cargo público ocurre cuando se abusa de autoridad y viola los derechos de los ciudadanos. En tales casos, los ciudadanos tienen el derecho de resistir y, si es necesario, derrocar por medio de los votos al gobierno ilegítimo; la legitimidad se basa en la justicia y el consentimiento, y que un gobierno que no cumple con estos principios, es ilegítimo.
Cuando los gobernantes se corrompen o buscan su propio beneficio en lugar del bienestar de la sociedad, se alejan de su función legítima y dejan de merecer el respeto y la obediencia de los ciudadanos. En la filosofía de Platón, por ejemplo, la educación desempeña un papel crucial en la formación de gobernantes justos y legítimos. Platón creía que la formación filosófica y ética de los líderes políticos era esencial para garantizar que actuaran en beneficio de la sociedad y no en su propio interés.
Aristóteles consideraba que la corrupción en el ejercicio de cargos públicos era un síntoma de una sociedad en decadencia y de una falta de virtud en los gobernantes y los ciudadanos. Su ética se basaba en la idea de la “virtud” (areté) y la “ética de la virtud”, en la cual argumentaba que el objetivo fundamental de la vida humana era alcanzar la “eudaimonia”, que puede traducirse como la “felicidad” o “bienestar floreciente”. La eudaimonia se lograba a través de la práctica de la virtud.
Aristóteles argumentaría que la corrupción es un acto contrario a la virtud, ya que implica el abuso de la autoridad y la desviación de la justicia en beneficio propio o de intereses particulares en lugar del bien común. En su obra “Ética a Nicómaco”, Aristóteles definió la virtud como el punto intermedio entre dos extremos: el exceso y la deficiencia. En el caso de los funcionarios públicos, la virtud estaría en encontrar el equilibrio entre el abuso de poder (exceso) y la negligencia de sus responsabilidades (deficiencia). He allí, pues, un par de semblanzas y, mientras tanto, Honduras terminará su espiral hacia el centro de la Tierra tocando fondo de donde, quizá, jamás podrá volver a salir… mientras la sociedad prefiera la diversión a la conciencia.