Algunos casos de la historia del siglo XX y XXI confirman que, por más culto y con amplia tradición científica, filosófica y educativa que sea un pueblo, ello no lo excluye de creer que el continuismo y el autoritarismo pueden ser una salida para estar mejor o salir del subdesarrollo.
Alemania, con Adolfo Hitler (1933–1945), vivía una arraigada crisis económica y social producto de la Primera Guerra Mundial.
En este contexto, Hitler llegó al poder mediante mecanismos democráticos: ganó con respaldo popular. Una vez como canciller, ofreció controlar las protestas internas y a los sindicatos, disminuir el desempleo y rearmar las fuerzas militares.
Adicionalmente, apeló a la supuesta superioridad de la raza aria y arremetió contra todo aquello que no considerara “puro” racialmente —según su visión— como los judíos.
Además, persiguió a comunistas, gitanos, homosexuales y a cualquier grupo que su régimen considerara inferior. Hizo lo que cualquier dictador haría: a cambio de una falsa paz y prosperidad, eliminó las libertades civiles y políticas, suprimió la oposición, persiguió a las minorías y consolidó así un régimen totalitario y atroz.
Un caso más reciente es el de Hugo Chávez en Venezuela. Haciendo uso de un discurso de igualdad y prosperidad económica para las grandes mayorías, logró llegar al poder por la vía democrática. Ya en el gobierno, debilitó gradualmente las instituciones públicas, restringió libertades y concentró el poder.
La justificación fue que lo hacía para cumplir con el pueblo que lo había electo. Al morir Chávez, tomó el poder uno de sus principales aliados, Nicolás Maduro, primero como presidente encargado —facultado por la Constitución de la República—, pero desde 2013 hasta la actualidad se ha mantenido como presidente, persiguiendo a sus opositores.
Las elecciones han sido seriamente cuestionadas, pero el régimen continúa en el poder. En Centroamérica, los hondureños fuimos testigos de cómo se modificó un artículo pétreo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial.
Esta maniobra permitió al expresidente Juan Orlando Hernández optar a un segundo mandato, el cual ganó —según se argumentó— gracias al voto rural. Para la oposición, aquello fue parte de un plan deliberado para perpetuarse en el poder, similar a lo que ha hecho su homólogo en Nicaragua.
Sin embargo, el destino del aprendiz de dictador hondureño fue distinto: terminó siendo extraditado y juzgado en Nueva York por delitos graves. Coyunturalmente, la salida de Hernández fue posible gracias a una alianza entre los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Salvador de Honduras, que lograron desalojarlo del poder y, como dirían algunos, evitaron un mal mayor.
En Honduras hay muchos “Bukele’s lovers” por su buen desempeño combatiendo la criminalidad. Ahora este joven inteligente y carismático no solo logró la reelección impulsando una reinterpretación constitucional para continuar en el poder, sino que ahora tiene un cheque en blanco para reelegirse de manera indefinida.
El pueblo salvadoreño no se ha pronunciado en las calles, a diferencia del guatemalteco cuando se intentó hacer lo mismo. Este debería ser un tema de debate permanente: ¿hasta dónde seremos capaces de otorgar poderes casi dictatoriales a un individuo o grupo con tal de que baje la delincuencia y se tenga paz y prosperidad? Este tipo de prácticas, como hemos visto a lo largo de la historia, no son sostenibles en el tiempo, ya que comprometen la independencia de poderes.
“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.” —Lord Acton. Nota de la autora: Esta columna tiene como propósito generar reflexión sobre temas relacionados con la democracia. El análisis de figuras políticas forma parte del ejercicio democrático, por lo tanto, se acoge al derecho constitucional de libertad de expresión.
