Por Rodrigo Amador
El 29 de diciembre, el incendio del Mercado Medina Concepción dejó algo más que puestos calcinados. Dejó a cientos de familias sin inventario, sin capital de trabajo y sin una certeza básica: cómo volver a empezar. Conviene decirlo desde el inicio, con toda claridad: ninguna desgracia debe convertirse en instrumento político. Pero también conviene decir lo que muchos prefieren esquivar: cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, la gestión pública deja de ser retórica y pasa a ser prueba y hoy, esa prueba tiene nombre propio.
Usted sabe que los mercados municipales no son edificios. Son economías vivas. Son la suma de esfuerzos pequeños que, juntos, sostienen una ciudad. Cada puesto es un microemprendimiento; cada comerciante, un generador de ingresos que rara vez aparece en los informes oficiales, pero siempre está presente cuando se habla de empleo y abastecimiento. Por eso, reducir el incendio a una anécdota o a un trámite administrativo sería una falta grave. Y responder tarde, peor aún.
La realidad es dura: cuando un comerciante pierde su puesto, no pierde solo mercancía. Pierde liquidez, pierde clientela, pierde estabilidad familiar. Muchos trabajan al día; otros se financian con crédito informal; casi ninguno tiene seguro. En ese contexto, el tiempo es el enemigo. Cada semana sin operar empuja a la informalidad más precaria o, directamente, al abandono del negocio.
La reconstrucción, entonces, no puede limitarse a promesas ni a comunicados: exige decisiones inmediatas, presupuesto claro y un plan verificable. Aquí es donde la figura del alcalde Roberto Contreras entra en un terreno incómodo. No porque se le deba cargar con culpas ajenas, sino porque su liderazgo atraviesa un momento de desconfianza pública que él mismo ha alimentado con decisiones previas.
En política, la credibilidad es un capital que se gasta rápido y se repone lento. Y cuando ocurre una crisis, ese capital determina si la ciudadanía cree en la respuesta institucional o la recibe con escepticismo. Ser severos no es ser injustos. Es exigir lo que corresponde a quien ostenta el poder.
La ciudad no necesita un alcalde que haga visitas simbólicas ni anuncios ambiguos. Necesita un administrador que gobierne la emergencia con rigor técnico y sensibilidad humana. Y, hasta ahora, la percepción ciudadana no es la de una respuesta a la altura del golpe sufrido por los mercaderos.
Es imprescindible marcar una línea ética: apoyar a los comerciantes no es una oportunidad de propaganda; es una obligación moral y legal. No se trata de tomarse la foto ni de capitalizar políticamente la desgracia. Se trata de asumir responsabilidad. El problema es que, cuando el liderazgo viene erosionado, cualquier silencio se interpreta como indiferencia y cualquier gesto insuficiente como cálculo.
La reconstrucción del mercado debe abordarse como política pública, no como favor. Eso implica, como mínimo, cuatro acciones concretas y medibles.
Primero, un plan de reconstrucción con plazos definidos, presupuesto público detallado y mecanismos de veeduría independientes.
Segundo, un fondo de emergencia —subsidios directos o microcréditos blandos— que permita a los comerciantes reponer inventario y volver a vender en semanas, no en meses.
Tercero, alivios administrativos inmediatos: exoneraciones temporales, permisos ágiles, reubicaciones provisionales dignas. Y cuarto, alianzas reales con la empresa privada y la banca social para sostener la reactivación.
Nada de esto es extraordinario. Es gestión básica de crisis. Y, sin embargo, su ausencia o lentitud es lo que convierte una tragedia puntual en un problema estructural. Usted puede medir el liderazgo municipal no por el discurso, sino por la velocidad y la calidad de estas decisiones.
Hay, además, una dimensión que el alcalde no debería subestimar: el comercio popular es uno de los pocos espacios donde la movilidad económica todavía es posible para miles de familias. Convertir la reconstrucción del mercado en un modelo de apoyo al emprendimiento urbano —con capacitación, ordenamiento, seguridad y herramientas mínimas de modernización— no solo ayudaría a los afectados; enviaría un mensaje potente a la ciudad.
Un mensaje de que la administración entiende que la economía no empieza en los grandes proyectos, sino en los pequeños negocios que resisten todos los días. Aquí aparece la palabra incómoda: redención.
No en el sentido moral ni simbólico, sino político. La redención no se proclama; se construye con resultados. Para un alcalde cuya imagen está cuestionada, esta crisis representa una oportunidad concreta de demostrar que sabe gobernar cuando el margen de error es mínimo. No para limpiar su nombre, sino para cumplir su función.
La ciudadanía no espera perfección. Espera coherencia. Espera rapidez. Espera humanidad respaldada por técnica. Si la respuesta se queda corta, la herida no será solo del mercado incendiado, sino de la confianza pública. Y esa, a diferencia del concreto, es mucho más difícil de reconstruir.
Cuando el humo se disipa, quedan las decisiones. Y esas decisiones, alcalde, no se evalúan por lo que dicen los comunicados, sino por lo que vuelve a abrir, a vender y a poner comida en la mesa de quienes hoy lo perdieron todo. Ahí, y solo ahí, se mide el liderazgo.
